Castilla-La Mancha aprueba un plan antifraude para el reparto de los 1.500 millones de los fondos 'Next Generation'
Con ese dinero captado hasta ahora, la portavoz del Gobierno regional ha adelantado que se van a llevar a cabo unas 2.000 actuaciones en diferentes sectores estratégicos
En la reunión de esta semana, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno al Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades para la gestión de los Fondos Europeos 'Next Generation' «con el fin de que salgan adelante garantizando el objetivo de la sostenibilidad, la resiliencia, la competitividad, la modernización y las prioridades ecológicas y digitales, pero minimizando cualquier riesgo de fraude que se pudiera producir».
Así lo ha anunciado en su rueda de prensa semanal la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández , que ha apuntado que «este plan es, en realidad, una medida obligatoria para todas las administraciones de nuestro país que gestiones fondos europeos que provienen del mecanismo de recuperación y resiliencia». Sin embargo, ha resaltado que el Gobierno de España ha sido «el más exigente» porque ha obligado a todas las administraciones ha implementar un plan de estas características.
«Entendemos que hay que hacer enormes esfuerzos por que el dinero público sea tratado con exquisito mimo para que sea eficiente y rentable a los objetivos sociales y económicos que nos hemos marcado, pero con el objetivo de que se haga de manera transparente y garantista», ha manifestado Fernández, que ha celebrado la decisión del Gobierno de España de obligar a las administraciones a ser transparentes.
La representante del Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que la comunidad autónoma ya tiene a su disposición 1.500 millones de euros que se van a distribuir en cinco grandes ejes, como en el resto de España y Europa. De este modo, irán dirigidos a la política de los cuidados, atención social, dependencia, sanidad e igualdad; transición energética para garantizar una movilidad sostenible, energías renovables y la rehabilitación de viviendas para hacerlas sostenibles; el medio ambiente a través de recursos naturales, economía circular y desarrollo rural; el impulso del conocimiento, la educación y su mejora mediante la formación y, por último, la cohesión territorial e impulso del turismo como una estrategia básica para la población en el medio rural.
Con ese dinero captado hasta ahora, ha adelantado que se van a llevar a cabo, al menos, 2.000 actuaciones en diferentes sectores estratégicos que, «desde luego, van a modernizar y hacer más sostenible y competitiva la economía de Castilla-La Mancha». En este sentido, ha destacado también la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario «como una apuesta muy acertada por parte del Gobierno de España para la mejora de la competitividad y la garantía de la trazabilidad con criterios de calidad, de cohesión territorial y modenización».
Este proyecto, ha indicado, recibirá un total de 1.000 millones de euros de fondos europeos que van a movilizar hasta 3.000 millones de euros privados y generarán hasta 16.000 puestos de trabajo. «Castilla-La Mancha se va a ver muy beneficada porque el sector agroalimentario supone el 17% del PIB (Producto Interior Bruto) y está muy representado por las cooperativas y las pymes», ha afirmado.
Sobre el Plan de Medidas Antifraude, la portavoz regional ha recordado que «no deja de ser un refuerzo», puesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en 2016 la Ley de Transparencia y Buen Gobierno , que ya establece mecanismos en aras a la buena gestión del dinero público. Pero ahora, según ha señalado, «se pretende extender esta cultura al conjunto del personal de la administración regional», con especial incidencia a los funcionarios que gestionan concretamente fondos europeos y que deberan firmar un código ético y de conducta «para tener absolutamente las manos limpias».
Para ello, se van a desarrollar acciones formativas, evaluación específica de riesgos y medidas de detección de posibles actuaciones fraudulentas. Pero, además, Blanca Fernández ha subrayado que se han marcado como plazo el 2023 para que ese dinero llegue «cuanto antes» a todos los sectores de la economía, algo para que han hecho una serie de modificaciones legales.
Entre ellas, ha citado la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, la nueva instrucción técnica de planeamiento, la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios o la Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación Administrativa.
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