Algo de 'respiro' al volcán: Sánchez anuncia la prórroga de las medidas para La Palma

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para la recuperación económica y social de la isla de La Palma , para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Este RDL incluye la prorroga hasta el 31 de diciembre los ERTE y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la emergencia. Se extienden también por tres meses los aplazamientos y las moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social y se prorroga el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados, que dispondrán hasta 6 meses después de la declaración de fin de la emergencia.

Las medidas extraordinarias se incluyeron en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, cuya vigencia fue extendida por el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero .

El vencimiento de estas medidas estaba previsto para el próximo 30 de junio . Sin embargo, y dado que los efectos laborales y sociales provocados por la erupción persisten y siguen exigiendo ayudas e intervención pública para la reactivación de la actividad económica, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha propuesto prorrogarlas con el objetivo de seguir protegiendo a la población y al tejido productivo mientras se continúa avanzando a su vez en la recuperación económica y social, así como en la reconstrucción de la isla, en colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados.

En los 85 días y 8 horas de erupción La Palma vivió la mayor catástrofe por duración, dimensión y destrucción de los últimos 100 años, con 1.218 hectáreas cubiertas de lava, 1.676 edificaciones sepultadas con 1.345 casas , 370 hectáreas de cultivo, y 73,8 kilómetros de carreteras, con una factura económica de 982 millones de euros   . En un perímetro de 68,8 kilómetros la destrucción abarcó el 10% de la isla, obligó a evacuar a más de 7.000 personas. Puerto Naos y La Bombilla, con más de un millar de habitantes, siguen cerrados por concentraciones de gases incompatibles con la vida y hay cientos de personas aún viviendo en recintos habilitados para la emergencia.