Política
Santisteve prohíbe los festejos taurinos en los barrios rurales de Zaragoza
La Plaza de Toros de la capital aragonesa se libra, porque es propiedad de la Diputación provincial
El gobierno municipal de Zaragoza presidido por el alcalde Pedro Santisteve ha prohibido los festejos taurinos tradicionales en todos los barrios rurales de la capital aragonesa. Se consuma de esta forma la postura antitaurina de Zaragoza en Común, la coalición liderada por Podemos e IU que gobierna la capital gracias a los votos que le dieron para su investidura los concejales del PSOE y de Chunta tras las elecciones municipales de mayo del año pasado.
La decisión ha generado polémica inmediata. La primera consecuencia más directa es la anulación del tradicional programa taurino que venía celebrando cada vez de marzo el barrio de San Juan de Mozarrifar, y que atraía a miles de personas.
La prohibición dictada unilateralmente por el gobierno municipal de Santisteve impide celebrar toros de fuego o toros ensogados. Considera que suponen «maltrato animal».
El Ayuntamiento no tiene competencia para autorizar la celebración de festejos taurinos —la tiene en realidad la Administración autonómica—. Pero el gobierno municipal la ha conseguido en la práctica prohibiendo la utilización de espacios públicos municipales para este tipo de festejos. Y, como se realizan en calles y plazas, la prohibición se hace efectiva.
De la ofensiva antitaurina de ZEC se libra, sin embargo, la Plaza de Toros de la capital aragonesa, porque este coso taurino no es del Ayuntamiento sino de la Diputación de Zaragoza, presidida actualmente por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero.
La prohibición de ZEC sí que afecta a los festejos taurinos de los seis barrios rurales de Zaragoza, en los que los toros ensogados o toros de fuego son tradicionales: San Juan de Mozarrifar, Garrapinillos, Montañana, Monzalbarba, Juslibol y Casetas.
El PP ha calificado la decisión de ZEC de «cacicada», adoptada a espaldas de los barrios rurales, de sus alcaldes de barrio, «sin participacion y sin preguntar a nadie». Esa prohibición fue dictada el 12 de febrero por el gobierno de Zaragoza y «está cargada de sectarismo», ha denunciado la edil del PP Patricia Cavero.
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