La Justicia reprende de nuevo al Gobierno de Aragón por poner en riesgo la vida de los sanitarios

El Gobierno aragonés ha encajado un nuevo revés judicial por haber puesto en riesgo la vida de los trabajadores de la Sanidad pública durante la primera oleada del coronavirus. El Ejecutivo autonómico ya fue condenado en primera instancia con varias sentencias que coincidieron en que hubo manifiesta imprevisión, que eso derivó en una falta de material de prevención básico como batas, guantes y mascarillas , y que eso puso en riesgo la vida de miles de trabajadores de la Sanidad pública aragonesa, en la que proliferaron los contagios y que registró varias muertes por Covid entre sus profesionales.

El Gobierno aragonés se mostró disconforme con aquellas primeras sentencias condenatorias y las recurrió. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón ha rechazado el recurso, tumba de nuevo los argumentos de la Administración autonómica y da la razón a los demandantes, el sindicato de médicos Fasamet.

Este nuevo fallo reitera la condena que en su día recibió el Gobierno aragonés y que se extiende también de forma directa a dos organismos que dependen directamente del Ejecutivo regional: el Servicio Aragonés de Salud , que gestiona la Sanidad pública en la región; y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales , con competencias directas en residencias de tercera edad, donde también proliferaron los contagios entre trabajadores y ancianos –durante la primera oleada, Aragón destacó a nivel nacional por el número de muertes en geriátricos-.

El TSJ de Aragón rechaza la pretensión de la Administración autonómica de presentar el desabastecimiento de equipos de protección individual como algo sobrevenido, inevitable y, por tanto, exento de responsabilidad. Consideran los magistrados que está probado que, al menos desde enero, se sabía del riesgo de pandemia mundial y que, por tanto, las autoridades autonómicas y el Gobierno central debieron haber actuado con anticipación.

«No se facilitaron a esos profesionales los medios de protección necesarios y, como consecuencia, su integridad física y su salud sufrieron riesgos» , indican los magistrados en la sentencia que se ha conocido este jueves.

Asimismo, destacan el hecho de que el Gobierno aragonés, en el recurso que le han tumbado, ni siquiera trató de rebatir que su dejación puso en peligro la vida y la integridad física de los profesionales sanitarios, por lo que en su momento también fue condenado. Por tanto, la Justicia reitera de nuevo que el Gobierno de Aragón infringió ese derecho fundamental que está protegido en el artículo 15 de la Constitución.