Una Corporación provincial al completo, camino del juez por prevaricación

El «caso del jamón» , que investiga irregularidades de presuntas consecuencias penales ocurridas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, ha acabado desencadenando un auténtico terremoto político en Aragón cuya onda expansiva ha alcanzado al propio Gobierno aragonés, por los pactos que el PSOE de Javier Lambán mantiene con Podemos para sostenerse en el Ejecutivo.

El caso ha derivado en una imputación en bloque. Hace escasos días ya le acabó costando el puesto al hasta ahora delegado del Gobierno aragonés en Teruel, Antonio Arrufat , porque fue imputado por el juez del «caso del jamón» a raíz de unas subvenciones concedidas al Consejo Regulador cuando él era presidente de la Diputación. Esas ayudas públicas han levantado las sospechas de la Fiscalía.

El primer damnificado fue Antonio Arrufat . Tras declarar ante el juez, éste mantuvo contar él las imputaciones por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Aunque Arrufat se negaba a dejar su cargo de delegado territorial del Gobierno aragonés por esta imputación, acabó cesando en el puesto porque Podemos exigió al presidente de Aragón y líder regional del PSOE, Javier Lambán , que se cumpliera el segundo punto del pacto de investidura que firmaron ambos partidos a finales de junio y que le permitió a Lambán convertirse en jefe del Ejecutivo regional.

Pero el caso se complica, porque el juez está llamando a declarar como imputados, en cascada, a todos los que fueron diputados provinciales en Teruel cuando se concedieron aquellas subvenciones bajo sospecha. Se otorgaron por acuerdos del pleno de la Diputación, en sesiones celebradas el 26 de febrero de 2010 y el 25 de febrero de 2011. Dichos acuerdos se adoptaron por unanimidad, así que el juez que instruye el caso, Jerónimo Cano de Lasala, entiende que está justificado que acaben respondiendo solidariamente todos los diputados provinciales de aquella Corporación, compuesta por 25 escaños.

Junto a Arrufat, ya está también imputado el que fuera uno de los diputados en aquel momento, Francisco Abril (PAR) . Ahora se han sumado a la lista de acusados quienes ocupaban vicepresidencias en aquella legislatura en la Diputación de Teruel: Inocencio Martínez (PAR) y la socialista Julia Vicente . Y el juez ya ha avanzado que el mismo camino van a seguir el resto de quienes ocupaban escaño en aquel momento, así que el caso acabará por salpicar también al PP, a IU y a la Chunta.

Pero, de todos los nombres que conforman la lista, el que tiene una repercusión política de mayor calado es el de Julia Vicente, puesto que actualmente, además de ser alcaldesa de Alcorisa (Teruel) es diputada en las Cortes de Aragón, donde ocupa el cargo de secretaria de la Mesa del Parlamento.

Podemos ha vuelto a exigirle al PSOE la aplicación del pacto de investidura y, por tanto, que Julia Vicente sea apartada de sus cargos políticos hasta que se aclare su situación procesal.

La imputación de Julia Vicente tiene también una consecuencia jurídica: al ser aforada, en caso de que su imputación sea firme y quede definitivamente procesada, la causa del jamón acabará llegando al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.