Sucesos
Los 66.000 euros que el Ayuntamiento de Calatayud pagó a un estafador acabaron en Rumanía
El Consistorio se enredó en el engaño hasta tal punto que contestó por mail al delincuente, al que le dio datos de las facturas que iba a pagar, su importe y cuándo las iba a abonar
La tesorera municipal, que no ocupa la plaza en propiedad sino gracias a una meteórica comisión de servicios, dio por bueno el número de cuenta que indicó el estafador a través de un simple correo electrónico
En Rumanía. Ahí se le perdió el rastro a los 66.202 euros que el Ayuntamiento de Calatayud pagó a un estafador en marzo de 2020 y que ha tardado casi un año en denunciar ante el juzgado. Según han informado a ABC fuentes policiales, esos fondos fueron extraídos rápidamente, en metálico, en cajeros de Rumanía . Y se les perdió el rastro.
El Ayuntamiento ingresó esos fondos a un desconocido por no cotejar la autenticidad de la cuenta bancaria . Los transfirió al número que les indicó el estafador a través de un mero correo electrónico en el que se hizo pasar por una concesionaria municipal, la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, que se encarga de los parques y jardines de la ciudad.
El banco ING, en el que estaba la cuenta utilizada por el estafador, activó la alarma con celeridad. La orden de transferencia la firmó el alcalde el viernes 27 de marzo de 2020, y la alerta la activó ING el martes 31. Pero cuando reaccionó el Consistorio, el dinero ya había desaparecido . Es decir, apenas pasaron tres días hábiles entre que el alcalde firmó la orden de transferencia, el Ayuntamiento la notificó a Ibercaja, de ahí se cursó a ING y este banco activó la alarma para advertir al Ayuntamiento de Calatayud que habían detectado indicios sospechosos en el número de cuenta en el que había hecho el ingreso.
La investigación posterior detectó que el estafador había abierto esa cuenta bancaria con documentación falsa, usurpando datos de otra persona.
Se pasaron por alto trámites esenciales
En ejercicio de las competencias habituales para ordenación de pagos, la orden de transferencia que acabó en manos del estafador había sido firmada por el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP) , al que la oposición acusa ahora de «ocultación», por no haber informado de esa estafa durante casi un año. De hecho, el caso se ha destapado en los últimos días, después de que el PSOE detectara un decreto que el alcalde firmó a finales del mes pasado, el 27 de enero, en el que nombraba abogado y procurador para iniciar acciones judiciales.
La estafa se produjo en los últimos días de marzo de 2020 . El alcalde José Manuel Aranda –que también es senador– firmó la orden de transferencia tras el visto bueno que previamente habían dado altos funcionarios de departamentos a los que les corresponde fiscalizar o avalar la legalidad de esos pagos. En este caso concreto, el control esencial recaía en la Tesorería municipal, a la que le corresponde comprobar la autenticidad de las cuentas bancarias de los proveedores. Para eso se exigen las denominadas «fichas de terceros», documentos oficiales que acreditan que una cuenta bancaria es de quien dice ser.
Precisamente para evitar fraudes, las administraciones públicas exigen que esas «fichas de terceros» se aporten físicamente, en documento original, no mediante copia ni en archivos virtuales. Pero en este caso no se exigió la ficha de terceros, se dio por bueno un archivo que el estafador adjuntó por mail y que reproducía un supuesto certificado bancario cuyo sello, además, es aparentemente ilegible. Tampoco se exigió que la comunicación entre el presunto proveedor y el Ayuntamiento se realizara de forma reglada por administración electrónica, cauce para el que el interlocutor debe contar con un certificado electrónico que acredita su identidad.
El Ayuntamiento facilitó datos al estafador
Según los datos a lo que ha tenido acceso ABC, el Consistorio se enredó en el engaño hasta tal punto que la tesorera, Inmaculada de la Mata –que sigue en el puesto–, llegó a contestar por mail al estafador dando por hecho que era la empresa Valoriza. Así, por correo electrónico, se le acabaron facilitando datos al estafador sobre qué facturas iban a pagar, el importe de esas facturas, los datos identificativos de las mismas e incluso cuándo se iban a abonar .
Cuando ocurrió todo esto, a finales de marzo de 2020, la tesorera solo llevaba cuatro meses en este cargo, que no ocupa en propiedad. Accedió a este puesto a través de una meteórica comisión de servicios que se le facilitó desde el Ayuntamiento de Calatayud nada más ser nombrada funcionaria del cuerpo nacional de interventores-tesoreros en una categoría inferior a la que pertenece el Consistorio bilbilitano.
Plaza ocupada de forma provisional
Según consta en documentos oficiales públicos, Inmaculada de la Mata, tras la correspondiente oposición estatal al cuerpo de tesoreros-interventores, fue nombrada funcionaria habilitada nacional el 24 de octubre de 2019. La categoría del ayuntamiento en el que obtuvo plaza en propiedad dista del que se le facilitó en cuestión de días a través de la comisión de servicios. De hecho, para estrenarse en su categoría, como primer destino de la recién nombrada funcionaria se le adjudicó el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego (Zaragoza), un pequeño municipio de 2.700 habitantes, frente a los más de 20.000 empadronados que tiene Calatayud, a cuya plaza de tesorera no pudo acceder en la asignación de puestos en propiedad.
Sin embargo, tan solo 16 días hábiles después de dictarse ese nombramiento con destino en Villamayor, Inmaculada de la Mata logró plaza de tesorera en Calatayud mediante una fórmula de cobertura temporal de plaza. En concreto, lo logró gracias a una comisión de servicios que se le cursó y concedió con notoria rapidez, un trámite que tuvo que avalar el alcalde bilbilitano en tanto que, por ley, los alcaldes son jefes superiores del personal de sus ayuntamientos, según han indicado a ABC fuentes especializadas.
En los registros públicos de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad autónoma consta que esta comisión de servicios se formalizó el 18 de noviembre de 2019. El puesto de tesorero, junto con el de secretario e interventor, son los tres de mayor rango en el cuerpo de funcionarios de un ayuntamiento, lo que se refleja también en los sueldos que llevan aparejados, que acostumbran a ser mayores cuanto mayor es el tamaño de la entidad local.
En cualquier caso, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) de la provincia de Zaragoza ha indicado que el procedimiento siguió «los cauces legalmente establecidos» para las comisiones de servicios.
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