'Andorragate': España se juega cientos de millones por la operación Cataluña

Siete años después y caso Villarejo mediante, los Cierco han emprendido una batalla para hacer valer una teoría alternativa a la que recoge la hemeroteca: que la mecha del 'golpe mortal' a su banco fue una maniobra del Estado, la operación Cataluña y, la BPA un 'daño colateral' en esa supuesta persecución parapolicial del independentismo.

No es, no obstante, tan sencillo. Mientras los Cierco pelean por vía administrativa y judicial entre España y Andorra una cantidad que supera los 400 millones, a ellos mismos se les reclaman multas por ese importe en el Principado. Una querella, presentada hace solo unas semanas, ha venido a enmarañar más lo que se ha dado ya en llamar el 'Andorragate'.

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Mientras, una juez del Principado quiere imputar al expresidente Rajoy y otros altos cargos en una causa que pone al Estado como responsable civil subsidiario con una cuantía sin determinar que se prevé elevada.

El 'Andorragate' tiene su propio calendario y una fecha marcada en rojo. El 8 de enero de 2015. Ese día tuvo lugar una visita oficial de Mariano Rajoy al Principado. Según los Cierco, el entonces jefe del Ejecutivo habría presionado al Gobierno andorrano para que interviniera y liquidara la BPA en base a una 'notice' que el FinCen iba a emitir sobre supuestas prácticas de blanqueo. Y se anticipaba, según la tesis de los banqueros, porque esa alerta sería fruto de «información falsa» enviada desde el propio Gobierno español.

Precedían meses de acosos y chantajes, siempre según los Cierco, enmarcados dentro de una presunta operación parapolicial impulsada desde el Estado español. El objetivo, que la BPA facilitara información bancaria de líderes independentistas como los Pujol, Artur Mas u Oriol Junqueras. «Sería conveniente que hablases con unas personas en Madrid, de lo contrario el banco morirá y los americanos están al corriente de cómo hacerlo», les habría dicho el entonces agregado de Interior de la Embajada de España en el Principado.

Es el primero de la lista de recados que aseguran haber recibido de otros agentes españoles «sobre el terreno» -el inspector jefe Bonifacio Díaz o el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, haciéndose llamar 'Félix'-. En marzo de 2015, Banco de Madrid fue intervenido en España y BPA en Andorra.

Como no podía ser de otro modo, en esa ecuación de nombres, todos además salpicados en la operación Kitchen, entra el comisario José Manuel Villarejo, que en 2014 señaló a la BPA por fondos de los Pujol y que ahora declara como testigo ante la juez andorrana que investiga la operación Cataluña avalando casi punto por punto la tesis de los banqueros. Tienen otra versión 'estrella'. El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez puso por escrito en 2020 que la intervención de BPA fue «injustificada, desproporcionada e injusta».

Aún así, en esta causa Martínez consta como querellado, como Rajoy, los exministrosCristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, entre otros. Este fleco, con todo, está paralizado. Los tres primeros andan litigando en un juzgado de Madrid para evitar que la Justicia española acepte la petición de colaboración de la juez del Principado. Si resultasen condenados, al margen de la responsabilidad civil del Estado que piden los querellantes, se abriría vía para una nueva reclamación de los Cierco en España.

Todos estos hechos que sostienen los banqueros se aderezan con dos ingredientes: que el FinCen retiró luego la alerta -entre otras razones porque Andorra cambió su legislación- y que los responsables del Banco Madrid no fueron condenados. De ahí que en enero presentaran una demanda contra el Banco de España en la que reclaman 141 millones de euros en daños y perjuicios a los accionistas por la intervención de Banco Madrid. Está en el Contencioso de la Audiencia Nacional a punto de sentencia.

Con todo, dos peritos estimaron en al menos 482,8 millones de euros el valor de BPA antes del aviso del FinCen. Por eso, por un lado promueven una condena a exaltos cargos del Gobierno español que conlleve una cuantiosa indemnización como responsabilidad civil y por otro, recuperar sus pérdidas en vía administrativa a ambos lados del Pirineo.

En cuanto a Villarejo, le van algunos odios en esta historia. El principal juicio que afrontan los gestores de la BPA en Andorra y que arrancó hace ya cuatro años tiene que ver con el dinero que supuestamente blanqueaba en el Principado la trama de la mafia china que, en teoría, lideraba Gao Ping y se investigó en España.

El hijo del comisario llegó a estar salpicado, desatando sus iras contra el jefe de Asuntos Internos y Anticorrupción. En ese juicio, si hay condena, las multas para los implicados de BPA suman decenas de millones, según las fuentes consultadas por ABC, aunque quedan meses para el final.

Además, la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver la comisión rogatoria enviada por otra jueza andorrana que imputa a los Cierco delitos de asociación ilícita. Sospecha que contrataron a Villarejo para «recoger y fabricar información a la carta» con el fin de «arremeter contra las instituciones» del Principado, «posiblemente con un presunto objetivo económico».

Son causas así cruzadas que buscan responsabilidades en ángulos dispares con un hecho clave aún por acreditar, porque ninguna resolución judicial ha dado por probado ya que existiese una operación Cataluña y que fuese ilegal.