Vocales del CGPJ ven la renuncia de De Prada como única salida a la ruptura

Estos vocales creen que no podrá haber pacto mientras Podemos siga obcecado con este juez, cuyo marcado carácter político hace de imposible cumplimiento una de las condiciones que pusieron los populares para sentarse a negociar: la de alejar del Consejo perfiles tan significados como el de este magistrado. «Si la única forma de salvar el acuerdo es que De Prada salga, tendrá que salir », coinciden dos vocales de distinta sensibilidad política.«Lo que no puede ser -continúan- es sacrificar la renovación de un órgano constitucional que lleva más de dos años en funciones por el empeño de Iglesias en reventar la negociación poniendo sobre la mesa un nombre que ni siquiera era su candidato en 2018», sino del PSOE. Entonces los interlocutores de esa renovación frustrada eran Dolores Delgado y Rafael Catalá.

Coincide con ellos un tercer vocal, que va aún más allá y afirma que la formación morada no tiene especial interés en De Prada como candidato en particular, sino que los morados han encontrado en él «un filón» para que la negociación no salga adelante porque Iglesias sabe lo que este nombre escuece en el Partido Popular y no quiere que los populares participen en la renovación del Consejo. Fuentes próximas a la negociación vienen a avalar este punto. Sostienen que el jueves por la noche el acuerdo entre PSOE y PP con Félix Bolaños y Teodoro García Egea estaba prácticamente cerrado y que cuando el diputado Enrique Santiago, correa de trasmisión entre los negociadores de primera línea y Podemos, se lo comunicó a Iglesias fue cuando éste montó en cólera al sentirse ningunead o . Fue entonces cuando puso sobre la mesa el nombre de De Prada.

Hasta ese momento, según esas fuentes, la candidatura de este magistrado no había sobrevolado la negociación. En el trasfondo del asunto estaría, en opinión de vocales del CGPJ, la certeza de Iglesias de que el PP «no pasaría por el aro» y la excusa perfecta para activar la primera proposición de ley que pretendía rebajar las mayorías parlamentarias para facilitar la elección de los doce vocales jueces, sujeta ahora a una mayoría de tres quintos que hace necesario el acuerdo entre los principales partidos .

Esa iniciativa no fue retirada, sino congelada, y se puede reactivar en cualquier momento pese a las objeciones que Europa ha puesto a una modificación que, a su juicio, no respeta la separación de poderes.

En el CGPJ cundía ayer el escepticismo respecto a la posibilidad de que el acuerdo Gobierno-PP se retome en breve. De ahí que una buena parte de vocales respalde la necesidad de votar los ocho nombramientos previstos para la semana pasada y que fueron pospuestos para hoy a la espera de un pacto que entonces parecía inminente. Sin embargo, a diferencia de las ocasiones anteriores, esta última tanda de nombramientos se afronta en una mesa profundamente fracturada, no sólo porque no todos los vocales comparten que estos nombramientos se retomen , sino porque se trata de plazas «complicadas» (alguna de ellas, como la presidencia del TSJ de Canarias viene arrastrándose desde hace meses) que requieren, además, importantes mayorías, en concreto 13 votos.

Se trata de tres plazas en el Supremo (dos en la Sala Civil y una en la Social), y de las presidencias de los TSJ de País Vasco y Canarias, la de la Sala Social del TSJ vasco y las de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería. En estas dos últimas son suficientes 11 votos de los 21 posibles, con lo que, a priori, al menos en estos dos casos no parece que se vaya a plantear ningún problema en sacarlos adelante. En los otros seis casos no está nada claro que se pueda obtener ese respaldo de 13 vocales, pues el bloque que votaba unido -y que ha acordado nombramientos con mayorías abrumadoras de hasta 18 votos- se ha fracturado.

Lo único que fuentes del Consejo tenían claro ayer es que los nombramientos se iban a someter a votación, pues basta con que un solo vocal quiera hacerlo para que así sea. También de que se trata de las últimas ocho plazas que va a cubrir este Consejo, pues, con independencia de que el acuerdo para la renovación fructifique o no, la ley que limita las atribuciones de un CGPJ en funciones, entre ellas los nombramientos, va al Pleno del Congreso de los Diputados el próximo jueves. Al ser la tramitación urgente es muy probable que entre en vigor antes del próximo Pleno ordinario del Consejo, previsto final de mes.