El Gobierno defiende que ya dejó caer a Rosell y señala a Campo y López para retomar los contactos para el CGPJ
El Ejecutivo asegura que no vetará ningún nombre del PP, pero el problema sigue estando en el juez De Prada
La negociación entre el Gobierno y el PP ha cortocircuitado. Pero no está rota definitivamente porque no hay alternativa al entendimiento entre ambas partes para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aunque se asegura no ha habido avances, desde el Gobierno trasladan que los contactos se retoman ya entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero de Justicia del PP, Enrique López .
Ambos son los interlocutores principales en esta cuestión, pero en las últimas semanas los contactos habían escalado a Moncloa y Génova, con el secretario general de la presidencia del Gobierno, Félix Bolaños , y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, como pareja de baile principal. Ambos asumieron la interlocución en el intento de un pacto global para la renovación de todas las instituciones que finalmente solo ha cristalizado en la renovación del Consejo de Administración de RTVE.
Las posiciones están ahora mismo bloqueadas, y se busca que la relación fluida entre Campo y López sirva para preparar el terreno ante nuevos intentos. Y es que no hay alternativa. El Gobierno no contempla por ahora recuperar la reforma para rebajar las mayorías y renovar el CGPJ. Aunque la próxima semana sí se consumará en el Congreso de los Diputados la reforma para limitar los poderes del organismo estando en funciones.
Pero el acuerdo sigue siendo difícil. El Gobierno defiende que ya ha cedido y que «no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos que ha puesto encima de la mesa el PP«. Este punto es importante porque en las últimas horas de la negociación desde Unidas Podemos se expresó rechazo sobre la figura de Alejandro Abascal , apuntando a su cercanía a Pablo Casado. El Gobierno deja claro ahora que por su parte no se rechazará ese nombre pese a que «tendríamos mucho que decir sobre algunos nombres», dicen fuentes del Gobierno.
«Sin dar nombres», Montero ha sido muy clara respecto a un elemento clave: el Gobierno ya habría renunciado a Victoria Rosell como integrante del CGPJ. A ella se refería la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuando ha asegurado que ya quedó claro en las negociaciones que «algunas personas no se incorporaban», reconociendo que actualmente tiene «responsabilidades» en el Gobierno. Rosell es actualmente un alto cargo del Ejecutivo como Delegada del Gobierno contra la violencia de género. Y también por su «vinculación de forma expresa» a una formación política. En este caso, Unidas Podemos, de la que fue diputada.
Esta explicación es coincidente con la que ya se trasladaba desde UP días antes de que se rompiese el pacto, cuando se daba por hecho en privado que Rosell se quedaba fuera. El problema por tanto es el juez José Ricardo De Prada . Montero se refería a él cuando ha rechazado que pueda producirse un veto «no ya por su adscripción partidista sino por el marco de su actuación profesional» .
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