Villarejo cobró más de 300.000 euros por espiar a un bufete de abogados
El despacho llegó a contratar a un detective al detectar seguimientos personales a dos socios y posibles micros ocultos
Abogados detenidos, abogados defensores, abogados imputados y abogados víctimas-espiados. Todas estas categorías de letrados aparecen en el «Proyecto Iron» , uno de los informes de crisis con los que el comisario jubilado José Manuel Villarejo engordó su fortuna, según el sumario de la operación Tándem . El miércoles compareció en la Audiencia Nacional y señaló al CNI y a los distintos ministerios del Interior desde la época de Felipe González asegurando que todos le han permitido trabajar como «agente encubierto» y dedicarse a sus negocios paralelos. El «Informe Iron» es uno de esos negocios por el que el entramado empresarial de Villarejo cobró más de 300.000 euros a través de varias sociedades por espiar al despacho Balder , según la investigación.
Dos miembros de ese despacho declararon el miércoles ante el juez Diego de Egea como testigos y admitieron que tenían sospechas de que les podían estar investigando e incluso dos socios detectaron en su día seguimientos personales. Fuentes del bufete confirmaron a ABC que llegaron a contratar a un detective privado, que hizo un barrido de sus oficinas por si les habían instalado micrófonos. «Un día se presentó un personaje extraño interesándose por registrar una marca. Se movía como si estuviera grabándolo todo», explican.
Balder IP Law es un despacho especializado en propiedad industrial y marcas que se creó hace cinco años. Varios de sus fundadores procedían del bufete Herrero y Asociados, que contrató los servicios del comisario Villarejo para saber si sus antiguos compañeros les habían quitado clientes y datos de propiedad industrial. El pago concertado fue de 600.000 euros, según algunos documentos hallados, si bien se han acreditado pagos por encima de 300.000 a través de al menos tres de las empresas del grupo de Villarejo, entre ellas. Una parte de ese dinero aparece en concepto de consultoría informática, otra por los servicios jurídicos (ofrecidos en el paquete) y una más por el análisis de inteligencia; en definitiva, un «informe King» completo, con el sello de la trama jurídico-policial.
El pasado mes de abril Asuntos Internos y Anticorrupción detuvieron a cuatro miembros de Herrero y Asociados por el encargo del informe, en el que al parecer se contó con apoyo de otros policías y funcionarios. Una de las abogadas investigada por esos hechos también declaró el miércoles en la Audiencia Nacional. Reconoció que contrataron a Cenyt y que ella misma mantuvo conversaciones en persona con Villarejo, con su socio el abogado Rafael Redondo (que ayer declaró también y sigue en prisión) y con el también letrado David Macías . Macías, que trabaja desde hace años con Villarejo, redactó y presentó la denuncia contra el bufete Balder pero no lo hizo en un Juzgado, sino en la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía.
Según la letrada, ella no sabía que Villarejo era policía ni que iba a emplear métodos ilegales. Ese testimonio resulta poco creíble, dado que el comisario -que grababa todo y a todos- guardaba en su casa esas conversaciones con la cliente en las que presumía de quién era y de sus métodos, de un juez que es su amiguete, de acceder a información bancaria y tributaria personal y de sobornar a un funcionario de Hacienda.
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