La vicepresidenta Ribera sí da a Transparencia los datos de vuelos que Sánchez niega
La ministra de Transición Ecológica ha realizado 65 desplazamientos, incluidos tres vuelos en el Falcon con el presidente, que oculta los suyos «por seguridad»
Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, acaba de evidenciar la opacidad de su jefe, Pedro Sánchez , a la hora de informar a ciudadanos y periodistas a través del Portal de Transparencia. Mientras el presidente del Gobierno demanda a este organismo para ocultar sus vuelos en campaña electoral, como publicó ABC , la vicepresidenta cuarta sí ha cumplido con Transparencia tras una petición similar cursada por el diario «El Independiente».
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha entregado el detalle de los 65 desplazamientos que la actual vicepresidenta cuarta ha realizado desde junio de 2018, cuando fue nombrada ministra en el anterior Ejecutivo de Sánchez, y hasta el pasado 28 de enero. Según publicó el citado diario , Ribera ha recorrido casi cien mil kilómetros. En 17 de los 65 desplazamientos utilizó avión militar, el medio de transporte predilecto de Pedro Sánchez, el Falcon. De hecho, el gabinete de Ribera comunica que en tres de esos viajes la vicepresidenta iba acompañando al líder del Ejecutivo .
La información entregada incluye fecha, lugar de destino y motivo del viaje. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB) estimó que la petición cursada por el periodista Antonio Salvador era acorde a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por lo que procedió a solicitar la información al organismo público afectado.
Esto mismo ocurrió con la petición que ABC hizo en mayo del año pasado para conocer los desplazamientos de Pedro Sánchez durante la campaña electoral del 28-A , pero el resultado fue totalmente distinto.
Tras desoír varios requerimientos, Presidencia del Gobierno dio orden a la Abogacía del Estado para que intente evitar a toda costa la entrega de la información . Así, la Abogacía acudió a los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo, en la Audiencia Nacional, e interpuso una demanda contra la resolución del Consejo de Transparencia del pasado 22 de octubre en la que instaba a entregar la siguiente información: «Medios de transporte oficiales utilizados por el Presidente del Gobierno en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019 en desplazamientos ajenos a su condición de jefe del Ejecutivo, realizados en el territorio nacional, y copia de los informes justificativos de la necesidad de utilizar medios de transporte aéreos oficiales, si los hubiere».
La Abogacía del Estado también presentó un recurso en el que pidió la suspensión cautelar de la resolución del CTBG hasta que se resuelva la demanda, lo que puede demorarse incluso varios años, en caso de terminar en el Tribunal Supremo. El motivo que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno alega para no hacer pública la información es «por seguridad». La Abogacía manifestó que se trata de una «documentación que no ha de ser objeto de entrega pues la información en cuestión es reservada y su acceso ha de ser limitado por razones de seguridad».
Respetar la Constitución
La resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno favorable a este diario fue tan contundente que incluso recordó a Pedro Sánchez que debe respetar la Constitución: «Esta falta de respuesta contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
Transparencia también recogió que «sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».
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