Luz verde a la reforma Europol: «Un mal día para los delincuentes, un buen día para la UE»
El Parlamento Europeo refrenda el informe del español Javier Zarzalejos que amplía las capacidades de la agencia en el manejo de bigdata para combatir la delincuencia transfronteriza
«Es un mal día para los delincuentes y un buen día para Europa». Con estas palabras cerró este martes la comisaria de Interior de la UE, Ylva Yohansson, el debate en Pleno de la propuesta de reforma de Europol , una iniciativa que ha salido adelante este miércoles y de la que ha sido ponente el eurodiputado popular español, Javier Zarzalejos . Amplía las capacidades de la agencia policial para la persecución de los delitos transfronterizos a golpe de bigdata .
La propuesta de ampliación de competencias nació de la Comisión Europea en diciembre de 2020 y la previsión del texto refrendado este miércoles con los votos de 480 votos a favor, los de los grupos mayoritarios en el Parlamento, frente a 143 en contra, es que entre en vigor en julio. Para el Partido Popular Europeo se trata de una revolución que incrementará ostensiblemente la eficacia en la lucha policial contra el terrorismo y la delincuencia grave , especialmente la relativa a la que tiene su terreno de juego en internet, como el tráfico de pornografía infantil y la persecución de los pederastas .
La clave de la reforma es que permitirá a Europol recabar directamente datos ya no sólo de las fuerzas policiales de los Estados miembro, sino también de entidades privadas como empresas u organizaciones no gubernamentales. Hasta ahora, cuando una empresa de comunicaciones detectaba un delito en sus dominios había de pasar primero por las autoridades nacionales y estas decidían o no, pedir soporte a los analistas de Europol para profundizar en las pesquisas.
Por lo mismo, cuando la agencia policial europea apreciaba necesario pedir a una empresa, por ejemplo de telecomunicaciones, intervenir a un usuario o cortar una red, no podía hacerlo directamente. Tenían que ser las autoridades nacionales quienes diesen trámite a la gestión.
Con la modificación, esa empresa podrá recurrir directamente a Europol y la agencia, a la luz de los datos proporcionados, de los que tiene en sus propias bases y de los que recabe en los países afectados, podrá decidir a qué Estado corresponde la jurisdicción para investigar los hechos. En caso de crisis, como ante la emisión en directo de un atentado terrorista, puede dirigirse directamente a esa compañía para solicitar medidas.
También podrá facilitar a iniciativa propia alertas sobre individuos a los miembros de Schengen que estén marcados por investigaciones en curso , igual que aportará a las autoridades nacionales datos personales de investigados en otros países de los que tiene constancia cuando se crucen con sus diligencias. Se refuerza así, de manera notable, la tarea de análisis de información que tiene encomendada esta agencia europea, incluso con la previsión de crecer en innovación para la gestión de datos y desarrollo de programas de inteligencia artificial orientados a la prevención y persecución de la delincuencia grave.
Un agente para velar por los derechos en la gestión del bigdata
El consenso para la reforma, si bien amplio, no es del 100%. El manejo de esas grandes bases de datos de presuntos delincuentes o delincuentes condenados genera recelos por la dificultad de cribar quién se queda en la lista y quien sale. En una investigación con una veintena de detenidos tal vez media docena acaben exonerados durante las pesquisas, pero si Europol tiene toda la información del asunto, ¿Qué hace con esas personas que aparecían al inicio? y, más relevante aún, ¿Cuánto tiempo conserva sus datos y con qué fines?
En esta clave, la negociación impulsada por Zarzalejos con el resto de los grupos en el Parlamento Europeo llevó a incluir importantes salvaguardas para conseguir, como reclamaban los socialistas, que el mandato de Europol se ajuste a los estándares de respeto a los derechos humanos en territorio comunitario , «que son los más elevados del mundo», en palabras del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.
Se refuerza en la reforma la figura del Supervisor de Protección de Datos, que marcará la pauta de actuación a la hora de establecer criterios para cribar esos datos macro que se recaban en los países miembro y las entidades privadas y se prevé la consolidación de un agente específicamente dedicado a velar por el respeto a los derechos fundamentales en este sentido.
Este asunto era clave para el respaldo de los socialistas, tal y como explicó a ABC el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, que preside la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la misma desde la que se ha venido exigiendo a la agencia europea que controla las fronteras exteriores (FRONTEX) respeto a los estándares de derechos fundamentales en la gestión de las migraciones .
El nuevo reglamento recoge que «el mandato reforzado de Europol debe equilibrarse con la consolidación de las salvaguardas relativas a los derechos fundamentales y el fomento de la rendición de cuentas, la asunción de responsabilidades y la supervisión, en particular la supervisión parlamentaria».
Europol comprobará los datos recibidos
«Cuando un tercer país facilite a Europol un expediente de investigación, Europol comprobará que la cantidad de datos personales no es desproporcionada en relación con la investigación específica (...) y que no existen elementos objetivos que indiquen que el tercer país ha obtenido el expediente en vulneración manifiesta de los derechos fundamentales. Si Europol llega a la conclusión de que no se cumplen estas condiciones, no debe tratar los datos», dice el reglamento.
Para Zarzalejos, la clave está en que se consolida «una base jurídica fuerte para la gestión de datos y una mayor posibilidad de compartir información a la luz de las operaciones». Durante su exposición ante el Pleno del Parlamento Europeo, que esta semana se celebra en Estrasburgo, destacó además que Europol, con esta reforma, «podrá aportar a los Estados el uso de materiales de emergencia» de los que muchas policías nacionales no disponen.
Se amplía asimismo «el alcance de la cooperación con la Fiscalía Europea, la Agencia Antifraude y la EPO (agencia de patentes). »Es un logro político del Parlamento que muestra nuestra capacidad de alcanzar compromisos viables. El Parlamento ha cumplido su deber. Tendremos una Europol más eficaz y que se adapte mejor a los retos, que es en definitiva lo que este reglamento trata de conseguir«, destacó.
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