El TC tumba dos preceptos de la Ley de Unidad de Mercado por ir contra el principio de territorialidad
Admite parcialmente el recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el texto, aprobado por el Gobierno en 2013
El Tribunal Constitucional ha declarado contrarios a la Carta Magna dos preceptos de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado , que afectan a la denominada «licencia única», mediante la cual el Gobierno pretendía facilitar los trámites burocráticos a las empresas, y que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña. Según la normativa impugnada, aquellas compañías con autorización para operar en una comunidad autónoma podrían hacerlo en cualquier otro lugar del Estado.
El Pleno del Constitucional entiende por unanimidad de sus magistrados que la norma supone una quiebra del principio de territorialidad, según el cual se aplica la legislación de cada territorio a las situaciones jurídicas producidas dentro de sus límites geográficos. En consecuencia, declara nulos los artículos 19 y 20 de la ley, si bien avala la constitucionalidad del resto de preceptos, estimando parcialmente el recurso del Parlamento catalán.
En concreto, considera que la eficacia en el conjunto del Estado de los requisitos establecidos por otra autonomía supone una excepción al principio de territorialidad, que es «implícito al propio sistema de autonomías». Por ello señala que el Estado erró al reconocer efectos supraterritoriales a las actuaciones autonómicas, que tienen como límite «la imposibilidad de reconocer tales efectos cuando no existe una equivalencia en las normativas aplicables».
«En la medida en que exista una legislación estatal común, o exista una pluralidad de legislaciones autonómicas que (…) fijen un estándar que pueda ser considerado equivalente, el Estado podrá reconocer a las decisiones ejecutivas autonómicas efectos extraterritoriales». Sin embargo, como no opera ese estándar equivalente se produce «la ruptura del principio de territorialidad constitucionalmente consagrado».
Pese a ello, declara conforme a la Constitución la obligación impuesta a las autonomías de dar información sobre la elaboración de normas que afecten a la unidad de mercado. También defiende la existencia del Consejo para la Unidad del Mercado , órgano que aúna a todas las administraciones territoriales para crear un entorno que mejore la competencia y la inversión.
La ley impugnada, que atiende a una de las exigencias de Bruselas, fue aprobada en noviembre de 2013 con los únicos votos favorables del PP. Durante su tramitación parlamentaria fue objeto de las duras críticas del PSOE y de los partidos nacionalistas, que vieron en el texto un intento de buscar la recentralización del país y la desregulación económica.
Noticias relacionadas
