El Tribunal de la UE devuelve provisionalmente la inmunidad parlamentaria a Puigdemont

Abre la puerta a mantenerla si al resolver sobre el fondo se aprecian prejuicios de Vox y Ciudadanos hacia el expresidente de la Generalitat

Este pronunciamiento afecta también a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo EFE

El vicepresidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este martes un auto que devuelve cautelarmente la inmunidad europarlamentaria al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño como eurodiputados por JxCAT. Este pronunciamiento anula un auto anterior del Tribunal General de la UE que desestimó medidas cautelares a los tres políticos al considerar que no había riesgo de que fueran detenidos mientras se resuelve el fondo de su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar los suplicatorios emitidos por la Justicia española.

El vicepresidente del Tribunal de Justicia, el juez danés Lars Bay Larsen, ha escuchado los argumentos de la defensa, entre ellos el hecho de que el ponente y el presidente de la comisión que presidió el debate sobre la retirada de inmunidad en la comisión de asuntos jurídicos pertenecen a Vox y Ciudadanos respectivamente, lo que, según la defensa, presupone una animadversión contra los afectados, un argumento inédito en las prácticas de los jueces de Luxemburgo. No obstante, añade la resolución, corresponderá al órgano jurisdiccional que se pronuncie sobre el fondo apreciar si dicha conducta (es decir, esa supuesta parcialidad o prejuicio) está efectivamente acreditada.

A diferencia de la decisión de junio (la que rechazó restablecer provisionalmente la inmunidad que les retiró el Parlamento Europeo), la resolución considera ahora «justificada» la decisión de mantener esa inmunidad, dado que sin ella corren el riesgo de ser detenidos, porque a diferencia de lo que se había sostenido en anteriores sentencias de los jueces europeos, la orden de detención emitida por el Tribunal Supremo español sigue vigente y no ha sido suspendida a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre la consulta prejudicial presentada por la justicia española. Prueba de ello fue la detención que se llevó a cabo en el aeropuerto de Cerdeña el pasado septiembre.

Según esta nueva resolución, en la anterior se cometió «un error de Derecho al ignorar que podía causárseles un perjuicio grave e irreparable antes de que se adoptara cualquier decisión definitiva sobre la ejecución de las órdenes de detención europea emitidas contra ellos. Ese perjuicio no podría derivar únicamente de su entrega a las autoridades españolas, sino también de su detención, incluso por un tiempo limitado», lo que les impediría cumplir sus funciones como eurodiputados.

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