El tribunal concede libertad bajo fianza de un millón al broker implicado en una macroestafa con bitcoin
La Audiencia Nacional corrige al juez, que mantenía en prisión a Biosca por elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
Biosca, con 'B' de Bitcoin: una macroestafa en moneda digital
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido el recurso presentado por el broker Javier Biosca y ha ordenado que pueda salir en libertad si consigna una fianza de un millón de euros , acude quincenalmente a sede judicial y entrega su pasaporte.
En una resolución a la que tuvo acceso ABC, los magistrados corrigen así al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal, que mantenía en prisión preventiva a Biosca porque aprecia riesgo de fuga , de obstrucción a la justicia y de destrucción de pruebas. No en vano, aún están pendientes varios informes que diseccionen su patrimonio, que se sospecha es elevado y está oculto en el extranjero. La última negativa a la puesta en libertad fue firmada el pasado febrero y con la Fiscalía en contra, que instaba una fianza de un millón de euros.
Para el tribunal, «no es la falta de condición delictiva de los hechos o de participación en ellos del recurrente lo que puede sustentar la revocación de la medida de prisión», sino un «cambio de circunstancias respecto a la situación existente en junio de 2021, cuando se acordó la prisión provisional» y que ha tenido incidencia en los «niveles de riesgo» que se apreciaron para mandarle a la cárcel de manera preventiva.
En cuanto al riesgo de fuga, la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Fraile, considera que «es indudable el efecto atenuador del tiempo transcurrido». Concluye que por eso, la jurisprudencia «obliga a un mayor esfuerzo en la motivación que justifique» ese peligro, y resulta «insuficiente la mera referencia a la gravedad de la pena» que se le impondría de ser condenado.
Sigue habiendo riesgo, pero es menor
«Después de una privación de libertad de alrededor de ocho meses (...) no hay duda de que sigue habiendo peligro de que se sustraiga y no comparezca, pero es menor que cuando se decretó la prisión y que, dado su arraigo personal y familiar y su domicilio conocido, puede también ser minimizado con otras medidas menos restrictivas de derechos», argumenta.
Respecto del peligro de destrucción o alteración de las pruebas, entiende que es «menor también o casi inexistente» que cuando el año pasado fue detenido, «consecuencia del avance de la instrucción y del aseguramiento de aquellas que se ha producido durante la tramitación del procedimiento».
Por último, expone que «no hay elementos suficientes para concluir que una eventual puesta en libertad pudiera poner en peligro bienes jurídicos de las víctimas, ni siquiera en cuanto a las inversiones en criptomonedas».
«La existencia de movimientos de estos activos durante la permanencia en prisión provisional del recurrente y la situación de libertad provisional en la que se encuentran los otros investigados, miembros de su familia, determinan la escasa o nula repercusión en este aspecto de aquella medid a privativa», afirma.
Con todo, la Sala considera que «existen indicios de la participación» de Biosca en delitos continuados de estafa y blanqueo de capitales, que en suma pueden llegar a los 14 años de prisión.
Además, ve « indudable que los contratos celebrados con los inversores no excluyen la existencia del engaño característico del delito de estafa», como «tampoco un cierto grado de conocimiento por los inversores del área en que se desarrolla la inversión, o el anuncio de unas expectativas de rendimientos por encima de lo habitual en el mercado, bastan para desvanecer» ese indicio de que hubo engaño.
«Hay datos en este caso que indiciariamente apuntan a una puesta en escena, organizada por el recurrente, atribuyéndose experiencia y medios inexistentes, plenamente compatibles con el engaño que configura el mencionado delito », dice la resolución, que, pese a ello, opta por aceptar que salga en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros y con otras medidas cautelares: comparecer en sede judicial y no abandonar el país, haciendo entrega del pasaporte.
Cabe recordar que la cifra que maneja la Audiencia Nacional de la presunta estafa en moneda digital que habría perpetrado la organización dirigida por Biosca con la empresa Algoritms Group como tarjeta de presentación supera los 818 millones de euros , el monto que los centenares de afectados agrupados en varias acusaciones -como la que ejercen Juan Carlos de León, de Gran Vía Advocats o la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) que lleva Emilia Zaballos- estiman que les fue sustraído entre cuantías aportadas, rendimientos no recibidos e intereses.
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