La trama de tráfico local en la que han caído 16 alcaldes y concejales contaba con una red de conseguidores
Las prácticas corruptas se producían en 40 ayuntamientos del PP, PSOE y Ciudadanos
Manipulaban los datos de velocidad para instalar radares con ánimo recaudatorio
La corrupción afecta a todos los partidos y ayer se demostró una vez más con la macrorredada de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial contra una trama que actuaba en la gestión del tráfico de 40 municipios gobernados por el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos. En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, habían sido detenidas hasta el cierre de esta edición 39 personas -estaban previstas en total 44- entre alcaldes, concejales, técnicos municipales, policías locales, conseguidores y empresarios.
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El número de objetivos policiales, entre arrestados e investigados, era de 72 , según las fuentes consultadas por ABC. De ellos, una quincena pasará a disposición judicial a partir de hoy, mientras que el resto fueron arrestos técnicos que se prolongaron solo el tiempo que duraba el registro que afectaba a cada uno de ellos. Con el tiempo serán llamados a declarar por el instructor.
Desde 2010
Entre las actividades irregulares que se investigan, que se remontan a 2010, se encuentra la compra de programas informáticos y elementos irrelevantes para la seguridad vial, así como para la gestión de multas . Incluso, se llegaron a falsear datos de índices de velocidad y siniestralidad para justificar la instalación de radares y semáforos en puntos donde eran innecesarios y con un afán únicamente recaudatorio. Las adjudicaciones, de hasta 200.000 euros, eran directas, de modo que en la mayoría de ocasiones se hurtaba la publicidad y la libre concurrencia a las empresas del sector ajenas a la trama corrupta.
El epicentro de la red hay que buscarlo en la empresa Aplicaciones Gespol S. L , integrada actualmente en Valoriza Servicios Medioambientales y perteneciente al Grupo Sacyr . Esta sociedad comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos.
Además, se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales , el control telemático del tráfico y la colocación de radares. Dos responsables fueron detenidos en Mataró, donde la compañía tiene su sede.
La organización disponía de una red de «conseguidores », comerciales que eran los encargados de visitar los ayuntamientos para establecer las relaciones oportunas . A través de esos contactos -las más de las veces jefes de policía local que son los encargados de la gestión del tráfico-, o bien entraban en contacto con los cargos públicos, con técnicos municipales o bien conseguían los pliegos de los contratos antes de que se publicasen.
Cuando accedían a ellos los «conseguidores» «convencían» a sus interlocutores de que se hicieran las modificaciones oportunas para que siempre fuese Gespol la empresa elegida. Además, los jefes de policía local tenían otro papel clave: elaboraban los informes técnicos para certificar que esa sociedad era la más adecuada para el servicio que se contrataba, de forma que se daba apariencia de legalidad a toda la operación.
Los corruptos obtenían beneficio a través de tres posibles vías : la primera, el dinero puro y duro; la segunda, regalos de importante valor, y la tercera buen trato en prensa, radio y televisión. Precisamente el detenido José Luis Ulibarri, conocido empresario de Castilla y Léón ya implicado en la Gürtel y que tiene participación en importantes medios de comunicación de esa comunidad, jugaba un papel clave en esta parte de las prebendas.
Cien mil euros
En cuanto al dinero de los implicados, ni siquiera el coste repercutía en la empresa adjudicataria, ya que se pactaban sobrecostes que eran los que iban a parar a esas manos. De esa forma todos ganaban, a costa, eso sí, de las arcas públicas . Según las fuentes consultadas por ABC en esta trama no se produce -o no se ha detectado- una financiación ilegal de los partidos, sino que el botín acababa en manos de los políticos o de los funcionarios.
En el despliegue puesto en marcha desde primeras horas de la mañana participaron casi 600 policías nacionales , que además de en los consistorios hicieron registros en decenas de domicilios particulares y también en algunas empresas. En uno de ellos se hallaron cien mil euros. En total hubo 92 registros en diez comunidades. Ha sido intervenida gran cantidad de documentación -más de una habitación repleta- que a partir de ahora será analizada.
En la operación Enredadera se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
