Torra burla la prohibición judicial de confinar Lérida y reta al Estado de Derecho
El Govern modifica la ley de salud pública autonómica por decreto ley y asegura que ya puede restringir derechos fundamentales de Cataluña
«No estamos de acuerdo con esta decisión judicial, no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven». El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, anunció ayer por la mañana en persona, acompañado del vicepresidente autonómico, Pere Aragonès, que el gobierno regional no piensa acatar el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida (en funciones de Guardia), que desestimó -pasada la medianoche del lunes- ratificar la resolución firmada por los consejeros de Salud e Interior por la que se adoptaban nuevas medidas en materia de salud, incluyendo, entre otras, el confinamiento de la población en la comarca de El Segriá (Lérida). Como primera medida en respuesta a la decisión de la juez, el ejecutivo autonómico aprobó un decreto ley, pasadas las diez y media de la noche, que modifica la ley de salud pública autonómica (Ley 18/2009) y con el que, en su opinión, se puede confinar a la población afectada por una pandemia en sus domicilios, si así lo requiere la autoridad sanitaria.
La decisión se adoptó en una reunión extraordinaria del gobierno catalán y la modificación legislativa se dio a conocer a través de un comunicado, que no concreta los cambios y que remite a una resolución -que se aprobará hoy- para su desarrollo. Según la nota enviada desde la Generalitat se introduce un nuevo apartado en la ley de salud pública que «faculta a la autoridad sanitaria, para que en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueda adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales».
De esta manera, la Generalitat aspira a burlar el auto judicial que desestimó la resolución del gobierno autonómico por el que se establecía el confinamiento y consigue el mismo efecto que pretendía. Previamente, se «requerirá de la emisión de un informe emitido por las autoridades sanitarias que tendrá por objeto acreditar la situación actual de riesgo de contagio , la situación de control de la pandemia, las suficiencias de las medidas y propondrá las medidas a adoptar».
Sigue el embrollo
En esta línea, siempre según el comunicado, el decreto ley aprobado especifica que «siempre que sea posible, la resolución -que desarrolla el decreto ley- formulará recomendaciones a seguir para evitar riesgos de contagio. Y en el caso de que se establezcan medidas de carácter obligatorio, se ha de advertir expresamente de esta obligatoriedad. Así mismo, la resolución indicará expresamente la existencia o no del mantenimiento de los servicios esenciales».
Además, se fijará el tiempo concreto de la aplicación de las medidas, una de las críticas que la juez de Lérida recordó en el auto que desestimó el confinamiento de la comarca, al hacerlo sin fecha límite, tal y como proponía la Generalitat. «En principio -señala el comunicado- no ha de ser superior a 15 días, excepto que se justifique el necesario establecimiento de un plazo superior».
Con este movimiento, el embrollo vivido el lunes parece que continuará. «Continuamos considerando válida la resolución», dijo Torra, durante su comparecencia ante la prensa por la mañana, quien la noche del domingo al lunes, tras el escrito de la Fiscalía - a favor de desestimar la petición de confinamiento - y antes del auto judicial, calentó el ambiente político al tuitear la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).
La juez -que hace unos días desestimó una denuncia contra el perimetraje de la comarca- señaló, en su auto, que la decisión de «limitar la circulación» de personas es una competencia de ámbito nacional, que debe ser ratificada por el Congreso y bajo el estado de alarma, por lo que el gobierno autonómico no puede dar esa orden. Torra puede, eso sí, solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma. Pero el presidente autonómico dejó claro que no lo haría: «No entra dentro de nuestras perspectivas».
El presidente autonómico anunció su desafío a primera hora de la mañana, tras la reunión con los servicios jurídicos y varios consejeros. En la sala de prensa señaló que no aceptaba la decisión de la juez , sobre la que deslizó la acusación de no pensar en la salud de los ciudadanos: «Seguiremos actuando más allá de lo que nos diga cualquier otra instancia que no tenga por prioridad absoluta la salud y la vida de las personas». Una advertencia («tomar la iniciativa», calificó) que llevó a cabo por la noche: «No nos desdecimos de la resolución».
Según Torra el decreto ley permitirá establecer «el plan de rebrotes» y «actuar con toda la contundencia que haga falta» a la Generalitat, para que «regule en qué supuestos el gobierno catalán puede restringir derechos y libertades». Unas restricciones que el presidente autonómico comparó con las que se aplicaron en Galicia y País Vasco, este domingo, a ciudadanos que no pudieron votar: «Se prohíbe el derecho al voto y no pasa nada. No ha habido ningún impedimento como el que nos afecta hoy a nosotros, ¿hay un hecho que nos afecte a nosotros, a nuestras capacidades o competencias?».
En cualquier caso, según la juez, el asunto nuclear de fondo es que la Generalitat no tiene competencias para aplicar un confinamiento como el solicitado por el gobierno autonómico, por lo que no parece que la discusión jurídica sea si la petición -que debe ser ratificada por vía judicial- ha de ser materializada en un formato de resolución o mediante un decreto ley. Una valoración que el fiscal jefe de Lérida, Juan Boné, adelantó ayer mismo y antes de conocer el contenido del decreto ley, en declaraciones a Ep: «No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales» . La Fiscalía estudia si se opone a la nueva situación.
El papel de los Mossos
Otro de los aspectos a considerar es el papel que realizarán los Mossos d’Esquadra. Torra dijo varias veces -antes de la aprobación del decreto ley- que las medidas de la Generalitat eran «recomendaciones». Y al ser preguntado por el papel de la policía autonómica siguió embrollando más la situación: «Es evidente que los Mossos cumplirán las decisiones judiciales , pero insisto en la secuencia lógica. Tenemos un decreto ley que refuerza la resolución».
Antes de conocer el decreto ley, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó en Madrid que el ejecutivo regional catalán dispone de las herramientas suficientes para controlar el brote de Covid-19 de Lérida y se mostró conciliador. Respecto al lío jurídico provocado por la Generalitat, Illa defendió que se tomen «medidas adicionales» en Lérida -no las concretó- y recordó que es a las autoridades autonómicas a quienes les corresponde «tomar las medidas adecuadas» y al Ministerio «dar el apoyo que se nos pide».
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