El Supremo inadmite la querella contra Belarra por llamar prevaricadores a sus magistrados

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una querella presentada contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por llamar prevaricadores a los miembros del tribunal que condenó al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez por atentado a la autoridad. Los magistrados reconocen que las palabras de Belarra fueron «injustificadas» y «ofensivas», pero no constituyen delito de calumnias con publicidad contra autoridades del Estado, tal y como denunciaba Foro Libertad y Alternativa.

A juicio de la Sala, las declaraciones de la ministra de Podemos están amparadas por la libertad de expresión porque expone su pensamiento sobre un asunto de interés general, como fue la condena a un compañero de su partido por propinar una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) contra la ley educativa de Wert. «Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la presidenta del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación«.

No obstante, y pese a descartar la existencia de delito, el TS no niega la gravedad de la acusación de Belarra, pues «está atribuyendo un delito (se suele decir el más grave delito que cabe atribuir a un juez en el ejercicio de su función) a unos magistrados que forman parte del más Alto Tribunal de la nación». En este sentido, añade. «no estará de más hacer uso de la prudencia a la hora de emitir libremente opiniones, más cuando quien las formula forma parte de una institución , como es el Gobierno de la Nación«, y »no es la mejor muestra de responsabilidad institucional« por cuanto esas declaraciones afectan al Poder Judicial.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Hurtado, recuerda, además, que al margen de la vía penal hay otros caminos para defender la independencia de los jueces frente a ataques que se consideran injustificados. En este sentido recuerda el comunicado del Consejo General del Poder Judicial reaccionando a las palabras de Belarra y expresando su «absoluto y rotundo rechazo» a esas declaraciones que, en ese caso, quedan amparadas por la libertad de expresión.