El «software» de la consulta secesionista del 9-N se instaló tras la suspensión del Tribunal Constitucional

Dos técnicos informáticos contratados por la Generalitat para la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014 admitieron ayer jueves ante el juez que instalaron la aplicación informática usada en la votación tras la suspensión del Tribunal Constitucional, dictada el 4 de noviembre de ese año. Aunque aseguraron que esta se confeccionó con callejeros pero no con bases de datos personales públicas.

Dos técnicos de la empresa T-Systems declararon ayer como testigos, a propuesta de la Fiscalía, ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que investiga al expresidente de la Generalitat Artur Mas , a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera Irene Rigau por mantener la consulta del 9-N tras la suspensión del Constitucional.

La Fiscalía pretendía aclarar si la empresa siguió adelante con los encargos relacionados con el 9-N, tras la suspensión, y si utilizó bases de datos personales públicas -registro de asegurados del Servicio Catalán de la Salud y del Registro de Población de Cataluña- para elaborar las aplicaciones informáticas usadas en la votación.

Los técnicos de T-Systems, empresa que creó las aplicaciones informáticas del 9-N, reconocieron que estas se instalaron en los ordenadores portátiles usados para la votación entre el 7 y 8 de noviembre , días después de que el TC suspendiera la consulta. Además, los técnicos de la empresa reconocieron que trabajaron la misma jornada del 9-N para asesorar a los voluntarios ante las incidencias que surgieran durante la votación y por si era preciso que actuaran para repeler ataques a la web de la votación.

La investigación del TSJC se centra en averiguar si la Generalitat mantuvo los preparativos sobre la votación una vez que el Constitucional había suspendido la consulta, por si ello pudo constituir un delito de desobediencia. En sus declaraciones ante el TSJC, Mas, Rigau y Ortega aseguraron que tras la suspensión del TC del 4 de noviembre la ejecución de la consulta recayó en manos de los voluntarios.

Los testigos de ayer negaron que el programa informático que crearon para los ordenadores utilizados en la votación -que se utilizaba también para evitar votos duplicados- incluyera información de bases de datos públicas y precisaron que este fue confeccionado a partir de mapas callejeros de poblaciones.

Por otra parte, los técnicos fueron interrogados además en relación con el proyecto «Invictus», una base de datos que admiten que la Generalitat les encargó en 2013, sin vincularla al 9-N, y con la que recabaron informaciones de identidades personales basadas en el registro de asegurados del Servicio Catalán de Salud.

En teoría, el proyecto iba ser utilizado para gestiones telemáticas entre la Generalitat y los ciudadanos. Con todo, los técnicos afirmaron que desconocen si la Generalitat utilizó dicha base de datos para algunas de las gestiones del 9-N.