La sociedad española «juzga» a sus jueces
La sentencia de la Manada y el debate sobre las violaciones muestra el desencuentro entre el lenguaje del Poder Judicial, que defiende su independencia, y el de la opinión pública
La sentencia de La Manada ha evidenciado el divorcio entre el lenguaje que maneja la opinión pública y el que emplea la Justicia. La clase política, que otea en el horizonte un disputado ciclo de elecciones, ha acompañado la reacción social y ha anunciado una revisión del Código Penal. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegó incluso a sembrar dudas sobre la capacidad del juez del voto particular, que pidió la absolución y cuyo relato de hechos irritó a la sociedad. Los jueces, que aplican la ley que los ciudadanos se han otorgado a sí mismos –a través del Poder Legislativo– para regular la vida en comunidad, sienten el escrutinio de la sociedad, que les percibe lejanos.
«No es abuso, es violación». Uno de los lemas que ha inundado las protestas y las redes sociales cuestiona la calificación jurídica de la sentencia, que condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual. Los jueces de la Audiencia de Navarra descartaron que lo sucedido en un portal de Pamplona en los sanfermines de 2016 fuera una agresión sexual, en su modalidad de violación pues hubo penetración, al no apreciar ni violencia ni intimidación, algo que exige la ley.
Los magistrados consideran probado que los condenados crearon un «escenario de opresión» contra la víctima, a quien acorralaron para penetrarla en diez ocasiones. Los jueces creen el testimonio de la víctima, y tienen claro que no hubo consentimiento ; pero niegan que los acusados amenazaran a la chica con un mal mayor si no accedía a sus deseos, como hubiera sucedido si hubieran sacado, por ejemplo, un cuchillo. Según ellos, la voluntad de la víctima cedió por la situación de superioridad manifiesta de los condenados, lo que se corresponde con un abuso agravado por «prevalimiento».
Esa interpretación de la ausencia de intimidación es clave en la condena por abuso en vez por agresión, una fina frontera jurídica que no ha comprendido gran parte de la sociedad. ¿Viven los jueces alejados de la realidad? Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, asegura que no. Critica la «visión del juez encerrado en una burbuja» , un estereotipo utilizado, en su opinión, para descalificar las resoluciones judiciales. El presidente de la asociación mayoritaria de jueces defiende que la carrera judicial es «reflejo de la sociedad, con sus virtudes y defectos». La fiscal de la Unión Progresista de Fiscales Virginia García Aller recuerda que los jueces y los fiscales «comparten realidad y contexto social» con la ciudadanía.
«La realidad social»
Uno de los criterios que deben considerar los jueces a la hora de interpretar las leyes es, precisamente, «la realidad social del tiempo» en el que se dictan las resoluciones, un mecanismo fijado en el artículo 3 del Código Civil para evitar la caducidad de las normas. Según Almenar, los jueces aplican e interpretan las leyes conforme a esa realidad social, pero siempre con el límite del perímetro que dibuja la propia ley, «y al margen del supuesto sentir social o la corriente de opinión imperante». García Aller añade que, en el ámbito del Derecho Penal, «se impone una interpretación restrictiva y garantista». Es decir, ante la duda, se interpreta a favor del acusado, un principio que busca impedir que un inocente acabe en prisión. En esa selección de la norma aplicable, «el Poder Judicial lleva a cabo una función interpretativa muy cercana a la creación del Derecho», considera la profesora de Derecho Constitucional de Comillas ICADE Isabel Álvarez Vélez. «El juez no crea normas, pero sí crea Derecho al aplicarlas», explica.
Caridad Velarde, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra, considera que el trabajo de los jueces les «conecta con la realidad de un modo especial»: al resolver conflictos se centran en sus ámbitos «menos atractivos». También les otorga un carácter especialmente conservador, además de por la sujeción a las leyes que aplican, porque una de las misiones del Derecho es contribuir a mantener el orden. García Aller, vocal del secretariado permanente de la UPF, destaca en esa conexión con la realidad la importancia de la «formación», tanto técnica como «de sensibilización». Ensalza la «especialización», y pone en valor la labor de la Fiscalía Especial de Violencia sobre la mujer.
Convenio de Estambul
Aun así, «los juristas harían bien en tomar nota de ese desencuentro», reflexiona la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra. «Es preciso encontrar modos de hacer Derecho que no resulten tan alejados del lenguaje habitual», sostiene. La fiscal progresista García Aller coincide en la necesidad de comunicar mejor, tanto desde el CGPJ como desde la Fiscalía. «Hay que explicar lo que hacemos, de manera transparente y clara. La Justicia es un servicio público» .
Almenar alega que los jueces se forman y están «permanentemente»al corriente de los cambios legales, doctrinales y sociales. «Absorben como una esponja sus vivencias y circunstancias, que con el tamiz de su formación, les ayudan en su labor de interpretar y aplicar la ley», sostiene el juez.
Para actualizar la ley que aplican los jueces –una tarea que corresponde al legislador–, García Aller explica que España debe adaptar sus normas al Convenio de Estambul, ratificado por nuestro país en 2014 y que obliga a ampliar el concepto de violencia de genero y a moldear las medidas legislativas a esta visión, para lograr un proceso «efectivo» ante los delitos contra las mujeres . Esta regulación exige tener en cuenta la perspectiva de género al definir los delitos. La reforma del Código Penal en 2015 introdujo cambios en esta línea, pero todavía queda camino por recorrer, señala la fiscal, que considera que en el caso de La Manada la polémica no ha sido normativa, sino interpretativa.
Velarde pide una «reflexión honda», pero considera que no se puede legislar, «y mucho menos en materia penal», en medio de «una revolución social». Una comisión del Ministerio de Justicia ha recibido el encargo de estudiar si es necesaria esta reforma.
Comunicados
El colectivo de jueces se ha defendido ante la reacción social y por las declaraciones de los políticos. Las palabras de Catalá provocaron un comunicado de siete asociaciones de jueces y fiscales, que pidieron su dimisión ante la «temeridad» del Gobierno de entrometerse en la labor del Poder Judicial, en su función de inspección y sanción sobre los propios magistrados. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, denunció que las «descalificaciones» de los representantes públicos erosionan la confianza de los ciudadanos en el sistema.
Todos los expertos consultados por ABC defienden sin fisuras la necesaria independencia del Poder Judicial. Álvarez Vélez califica de «esencial» esta garantía del Estado de Derecho, basado en la separación de poderes para impedir su concentración en unas solas manos. «No es solo el privilegio de un juez, sino el derecho de todos los ciudadanos», argumenta Almenar, que explica que este sistema permite que los jueces actúen «al margen de cualquier influencia ajena». «La ausencia de independencia transforma la ley en papel mojado y al juez en una marioneta en manos de los poderosos en perjuicio de los más débiles», concluye. Caridad Velarde explica que el Poder Judicial «está al servicio de la ley», por lo que debe estar libre de presiones, y razona que sus posibles errores se depuran a través del sistema de recursos. En el caso de La Manada, la decisión llegará al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, después, al Tribunal Supremo, la cúspide penal.
Los jueces también son independientes cada uno individualmente, y los posibles excesos en su trabajo los examina el CGPJ, a quien la Constitución otorga esa labor para que los gobernantes no se entrometan. Acusarles de protegerse a sí mismos –Catalá sugirió una supuesta pasividad del CGPJ ante el juez discrepante de La Manada– es malintencionado según el presidente de la APM. Almenar explica que en el año 2016, por ejemplo, se trasladaron 500 actuaciones al promotor del CGPJ, y 41 en materia disciplinaria. Velarde considera que los jueces no son intocables: «Son sancionados por hacer mal su trabajo, no por no hacerlo como nos gustaría que lo hicieran». Reconoce, eso sí, que esta crítica «está en la calle».
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