Sare camufla el nombre de Parot de los actos proetarras del viernes

Una supuesta marcha atrás, como ocurrió con la cancelación de la 'carrera solidaria' en septiembre, también en Mondragón en honor a Parot, del que las asociaciones de víctimas, que ya han recurrido a la Audiencia Nacional para instar la prohibición del acto, no se creyeron nada. «Han escondido los carteles pero el acto se va a realizar igual», lamentaban desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

No es la única convocatoria a favor de los presos etarras de estas navidades. Sare, como antesala a la marcha del 8 de enero en Bilbao, también ha convocado para la Nochevieja una concentración en Pamplona que cerrará con un brindis por el acercamiento de presos etarras. Es una convocatoria que a las asociaciones de víctimas les suena a épocas pasadas, y por eso han pedido a la Audiencia Nacional, no solo su prohibición, sino que se investigue si detrás del colectivo pudiera haber antiguas organizaciones ilegalizadas como Herrira o Askatasuna.

Desde la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Apavt) creen que las reivindicaciones y las formas de quienes ahora convocan estos actos «coinciden en lo esencial» con las que hasta hace poco realizaban estas otras organizaciones y temen que Sare podría ahora servir como plataforma legal «para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades».

Antonio Guerrero, abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y encargado de presentar el escrito, asegura que no es la primera vez que pide que se investiguen estos lazos. «Hace años Herrira organizaba el mismo tipo de actos y al final terminaron por ilegalizarla», explica. Reconoce que no es sencillo conseguir que se prohíba un acto así antes de que se produzca y que tampoco sería fácil lograr una ilegalización con ETA ya disuelta pero sí cree que es necesario investigar el origen de la convocatoria «por si el convocante pudiera tener alguna relación» con el entorno ilegalizado de la banda terrorista.

Según informaron en fuentes jurídicas a ABC, su denuncia ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama , de guardia estos días, que ha dado traslado a la Fiscalía para que informe. No obstante, es complicado que la petición prospere porque ante situaciones similares, el Ministerio Público no ha instado la prohibición. No se puede, vienen aduciendo los autos sobre homenajes a etarras, perseguir el delito antes de que se cometa y menos si eso cercena el derecho de reunión.

Así ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando las asociaciones de víctimas pidieron prohibir una carrera de relevos en Mondragón en homenaje a Henri Parot. Los fiscales se posicionaron en contra de la suspensión, y el juez José Luis Calama, el mismo que tendrá que decidir ahora sobre el brindis de Pamplona, resolvió en contra de su cancelación. Entendió que no concurrían “elementos necesarios” para un veto cautelar y se limitó a pedir a las Fuerzas de Seguridad que hicieran un seguimiento del evento para identificar a los convocantes si hubiera algún indicio de delito.

«Están amparados por la libertad de expresión», se lamentan desde Covite y por eso advierten de que a pesar de que todos los actos sean, a fin de cuentas, homenajes a etarras, «no se pueden prohibir». También tienen serias dudas de que la vinculación con antiguas organizaciones ilegalizadas pueda prosperar. Creen que, en efecto, son «la misma gente con otras siglas» que ahora organizan actos «muy parecidos» a los de hace años, pero con ETA inactiva es muy difícil, a su juicio, demostrar una relación con la actividad terrorista.

Ayer, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no hacer «nada» para impedir los homenajes a presos de ETA y presentó un escrito ante la Fiscalía para reclamar que «acaben de una vez» los 'ongi etorri'.

Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, mostró su «condena y rechazo más absoluto» por esta convocatoria. Sin embargo, no llegó a aclarar si el Ejecutivo utilizará los mecanismos a su alcance para impedirla.

Su vía, la administrativa y en aplicación de las leyes de protección de las víctimas, sería la más efectiva porque en los tribunales se aplica la jurisprudencia de Estrasburgo que pone por delante la libertad de expresión ante la ausencia de relación directa entre el enaltecimiento y la peligrosidad cuando se trata de ETA, que está ya disuelta. Esa es la doctrina que ha venido aplicando la Audiencia Nacional ante convocatorias similares y la que, de acuerdo a las fuentes consultadas, imperará en estos casos.