Rivera quiere que todos los partidos firmen el pacto anticorrupción y extenderlo a toda la Administración

El partido busca aclarar el alcance del pacto ampliándolo a otros partidos

Albert Rivera junto a sus principales colaboradores Jaime García
Víctor Ruiz de Almirón

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La poca claridad con que se especificaba en el pacto anticorrupción con el PP el alcance de las medidas, a quién afectaba y cómo se pondría en marcha, ha llevado a Ciudadanos a enmendar ese error subiendo la apuesta. La formación ha informado esta tarde a través de un comunicado de que quiere que todos los partidos firmen el pacto anticorrupción y que propondrá extenderlo a todos los niveles de la Administración .

El comunicado explica varias cuestiones. En primer lugar que esas seis condiciones ya pactadas con el PP serán incorporadas al acuerdo final, como parecía evidente, y a partir de ahí aborda cuestiones que han sembrado dudas esta semana. Por ejemplo, aclara que «la firma de las seis condiciones previas se llevó a cabo entre grupos parlamentarios», y recuerda que la primera de esas seis condiciones previas exige la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política , hasta la resolución completa del procedimiento judicial.

Se destaca el hecho de que el acuerdo haya sido suscrito por los grupos parlamentarios, ya que por lo tanto esta medida sobre «los imputados por corrupción política afecta a los cargos de Congreso, Senado y Gobierno , puesto que el acuerdo se firmó entre los grupos parlamentarios en el Congreso y se aplica al ámbito de su competencia». En los pactos autonómicos lo ha defendido para su ámbito competencial.

Ahora anuncia la formación naranja que quiere extender el acuerdo sobre este primer punto «a todos los partidos políticos a nivel nacional mediante la aceptación por parte de sus respectivas ejecutivas de un Pacto Nacional contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática». El objetivo de este Pacto Nacional será que los imputados por corrupción política tengan que abandonar sus cargos públicos en todas las instituciones municipales, autonómicas y provinciales.

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