Las reticencias de los funcionarios, otro varapalo para la independencia

La celebración de la consulta secesionista del 9-N se ha saldado en los tribunales únicamente con la imputación de tres cargos políticos que incluso han sacado rédito de su procesamiento ante la grada independentista: el presidente Artur Mas , su consellera de Enseñanza, Irene Rigau , y la exvicepresidenta Joana Ortega .

Hasta la fecha, ni los funcionarios que intervinieron en la consulta -que alegaron que lo hacían como voluntarios-, o los Mossos d’Esquadra, por ejemplo, que hicieron un despliegue especial para el día de la votación, se han visto comprometidos por la querella que la Fiscalía presentó por el 9-N.

Sin embargo, ahora, el Gobierno y la Justicia han cambiado de táctica ante un nuevo desafío secesionista : la declaración de ruptura que aprobó el pasado lunes el Parlamento catalán y que ayer suspendió el Tribunal Constitucional (TC). Ya no sólo se apunta a los cargos políticos a la hora de advertirles de las posibles consecuencias judiciales de seguir adelante con la citada resolución, sino que también se señala a los funcionarios que pudieran participar o permitir el desafío, sobre los que también podría recaer una suspensión de sus funciones, una inhabilitación o penas de cárcel por delitos tales como prevaricación, sedición, rebelión o malversación .

La táctica parece ya surtir efecto, a juzgar por las primeras reacciones de representantes de funcionarios de la administración y de los Mossos que, aunque esperan no verse en este disyuntiva, ya avanzan que ellos cumplirán la ley vigente. Es decir, acatarán al Tribunal Constitucional (TC) . Sin este «ejército», no parece que Mas y la CUP puedan ganar su batalla al Estado.

«Es un conflicto político, que nos dejen al margen. Por mandato legal, debemos cumplir la ley vigente y hacerla cumplir» , señaló ayer Valentí Anadón , portavoz del sindicato SAP-UGT, el mayoritario en el cuerpo de Mossos.

«No estamos preocupados, porque creemos que ni la Generalitat ni el Parlament nos pondrán en un compromiso a los funcionarios», afirmaba Xesús González , coordinador del Área Pública de CC.OO. Con todo, la inquietud cala entre los empleados públicos. El sindicato mayoritario entre el funcionariado, CSIF , ya ha anunciado que está preparando un protocolo para instruir a los funcionarios sobre cómo actuar para evitar incurrir en delito.

El aviso a los funcionarios ha llegado desde dos frentes. En su recurso ante el TC contra la resolución de ruptura del Parlamento catalán, el Gobierno pidió que se apercibiera de forma expresa del riesgo de suspensión en su funciones a 21 altos cargos en caso de que no acataran la suspensión de la resolución dictada por el Constitucional. Los 21 aludidos son los miembros del gobierno de la Generalitat, Mas y sus consejeros y los de la Mesa del Parlamento. Y, entre éstos, un funcionario Pere Sol , secretario general del Parlamento catalán.

Asimismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional envió una instrucción a Mossos, Policía y Guardia Civil en los que les instaba a actuar ante actos de «sedición» derivados de la aplicación de la resolución de independencia que pudieran cometer funcionarios o particulares.