Las tres claves para impugnar la resolución independentista

De forma fulminante y con la misma unanimidad que ha caracterizado cada una de sus decisiones sobre el desafío secesionista, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer miércoles a trámite la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista . Cuarenta y ocho horas después de su aprobación por parte del Parlamento catalán , la hoja de ruta del independentismo sufría un nuevo revés al quedar desactivado, de momento durante cinco meses, su plan para iniciar la «desconexión democrática» con las instituciones del Estado español.

Haciendo uso por primera vez en su historia de la facultad que le brinda la reforma de la ley orgánica que lo regula, y a petición de los servicios jurídicos del Estado, el Tribunal Constitucional ordena la notificación personal de esta suspensión a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell , al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas , y a otros 19 diputados y consejeros de la Generalitat. A todos ellos les advierte expresamente de las consecuencias del incumplimiento de su mandato.Estas son las claves para entender la decisión del Tribunal Constitucional:

La resolución es «claramente lesiva» de la atribución de la soberanía al pueblo español, así como de la garantía constitucional de la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Esa inconstitucionalidad «se predica respecto del conjunto de la resolución como un todo» sin que quepa aislar alguno de sus párrafos.

Una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado «ha de ser el producto de una decisión del pueblo español en su conjunto, titular de la soberanía nacional (...). El reconocimiento de un nuevo sujeto soberano en el pueblo catalán requiere una previa decisión constituyente».

Se vulneran las exigencias más elementales de un Estado de Derecho y las previsiones relativas a la separación de poderes. Sin separación de poderes, el Parlamento catalán, es decir, la mayoría no cualificada del mismo, queda como poder absoluto y omnímodo sin límite ni garantía alguna y sin seguridad jurídica.