La reforma del indulto cumplirá dos años atollada en las Cortes
Los expertos que el Congreso iba a llamar en noviembre, irán la semana que viene
El próximo 14 de febrero se cumplirán dos años desde que el Pleno del Congreso aprobó arrolladoramente la puesta en marcha de la reforma de la ley indulto. Un total de 343 «síes» frente a tan solo un «no» y ninguna abstención avalaron que ya es momento de adecuar al siglo XXI una medida de gracia regulada por una ley que data de 1870.
Sin embargo, una tramitación que podría haberse completado entre seis o nueve meses dada la unanimidad de los grupos en su motivación, encalló durante once meses en la fase de enmiendas y el próximo 6 de febrero cumplirá otro año varada en el proceso de ponencia. En un ejercicio de incoherencia, el culpable de esta ralentización no es otro que el grupo proponente de la reforma, el PSOE. Los socialistas quieren evitar a toda costa pronunciarse sobre la enmienda propuesta por el PP para incluir las condenas de rebelión y sedición en la lista de no indultables . Un catálogo que los socialistas proponen conformar solo con los delitos de violencia de género y corrupción.
El Gobierno socialista no quiere desechar la opción del indulto a los políticos si son condenados por el procès para no descarrilar la alianza del presidente Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes.
«Recurso excepcional»
La última vuelta de tuerca en este proceso de ralentización de la reforma ha venido de la mano de las comparecencias. Los socialistas se aliaron el pasado mes de noviembre con ERC -entre ambos grupos controlan la Mesa de la Comisión de Justicia- para incluir una ronda de citaciones rápida que se sustanciaría a finales de noviembre. Sin embargo, estos expertos no han sido llamados a acudir al Congreso hasta la semana que viene. A continuación los grupos tendrán que iniciar la redacción del informe de ponencia y discutir qué enmiendas se introducen en la proposición de ley, el texto tendrá que ser votado y remitido después al Pleno que lo trasladará al Senado, de manera que el segundo aniversario de la toma en consideración de la reforma se cumplirá con el texto aún encallado y sin fecha certera de aprobación.
En este tiempo, el PSOE ha parecido olvidar completamente la fundamentación de su iniciativa . En la exposición de motivos de la reforma del indulto, los socialistas subrayaban que esta medida «es y debe ser un recurso excepcional para dar por cumplida, total o parcialmente, la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los Juzgados y Tribunales y que, en consecuencia, sólo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran, las razones de justicia, equidad o utilidad pública que hasta hoy requiere la Ley de 1870».
Exigencia de motivación
Añadía también que «la concesión de indulto total debe requerir la conformidad del Magistrado o Tribunal sentenciador» y proponía «exigir que todo indulto, sea total o parcial, se acompañe de la expresión concreta de las razones que conducen al Gobierno a concederlo; esto es, a exigir que los Reales Decretos de indulto sean motivados», para evitar así una conducta «arbitraria» del Gobierno . Unas exigencias que dificultarían ahora la concesión del indulto a los políticos encausados por el procès si resultaran condenados.
Frente a todos estos argumentos, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, defendió el pasado noviembre en el Congreso el derecho de todo condenado a beneficiarse de un indulto, aferrándose al enunciado de la Ley actual y sin apuntar a la reforma a debate. Podemos, por su parte, ha considerado que prohibir el indulto a los condenados por sedición o rebelión sería «una muestra de autoritarismo».
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