¿Qué es la querella argentina y por qué se investiga?
Los querellantes se fueron a Argentina para intentar enjuiciar las muertes o persecución de sus familiares durante el franquismo al abrigo de la jurisdicción universal
¿Por qué una causa en Argentina?
Los posibles delitos cometidos durante el régimen franquista están prescritos en España, cuando no amnistiados por la Ley de 1997 y no se pueden perseguir como de lesa humanidad porque este tipo de crimenes se tipificaron a partir del año 2000. Por eso, los querellantes se fueron a Argentina para intentar enjuiciar las muertes o persecución de sus familiares durante el franquismo al abrigo de la jurisdicción universal.
¿Cuándo se registró la querella?
Data del año 2010 y fue interpuesta por tres ciudadanos, aunque pronto contó con centenares de adhesiones. Pedía identificar a los responsables de los crímenes del franquismo y enjuiciarlos.
¿Martín Villa es el único investigado?
No, la querella, una vez judicializada, se dirige contra 20 personas, de las que siete ya han fallecido. Martín Villa fue imputado en octubre de 2014.
¿De qué se acusa a Rodolfo Martín Villa?
Los querellantes le atribuyen responsabilidad por elevación en un total de 12 muertes a manos de policías, guardias civiles y grupos de extrema derecha entre 1976 y 1978 y piden que sea juzgado por un crimen de lesa humanidad, y en concreto, genocidio con motivación ideológica.
¿Está obligado a declarar ante la juez argentina?
No. La justicia española le ampara porque los supuestos delitos estarían prescritos o blindados por la ley de Amnistía. Ha declarado voluntariamente. Lleva solicitándolo desde 2014, cuando se ordenó su detención. .
¿Qué recorrido tiene este asunto?
Tras escucharle en declaración, la juez argentina tiene un plazo de diez días para decidir si le procesa. Aunque llegase ese punto, Martín Villa es un ciudadano español y los hechos que se le imputan no tienen equivalencia en el ordenamiento jurídico español. No sería extraditado.
¿Qué opinan los querellantes?
Reclaman verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo y los primeros años de la Transición en forma de rendición de cuentas en el ámbito penal y exigen a España un mayor esfuerzo para judicializar estos delitos.
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