Puigdemont ensaya su plan de «desconexión» con dos desacatos

Las «leyes catalanas» están por encima de las órdenes de la Justicia española. Es el declarado órdago que ha lanzado la Generalitat, con el que ensaya su particular «plan de desconexión» independentista y con el que ha sumado dos desacatos consecutivos en menos de una semana. Dos desacatos que tienen como telón de fondo el litigio que mantiene contra Aragón para no devolver 97 obras de arte que, según sentenció hace más de un año un juzgado de Huesca, el Gobierno catalán compró ilegalmente entre 1983 y 1994.

Aunque ese fallo ha sido recurrido y seguirá dilucidándose en tribunales superiores, la Justicia ha ordenado a la Generalitat a que devuelva esas 97 piezas. La orden fue dictada hace dos meses, con el aval del Tribunal Constitucional. Pero la Generalitat ha hecho de este asunto una «cuestión de soberanía» , como clarificadoramente se refirieron a este caso los antisistema independentistas de las CUP, hace escasas fechas, en el Parlamento catalán.

Tras perder todos sus intentos legales por tumbar esa orden de devolución, la Generalitat ha optado por instalarse en el desacato . Lo ha hecho, además, con una cascada de declaraciones públicas e incluso de acuerdos oficiales. La primera orden judicial la incumplió el pasado miércoles, cuando tenía que haber comunicado su plan de entrega y traslado a Aragón de esas 97 obras de arte ; el segundo desacato lo consumó ayer, cuando finó el plazo dado por otra orden judicial para devolver esas piezas, pertenecientes al histórico monasterio oscense de Villanueva de Sijena.

El Gobierno de Puigdemont sostiene que si una orden judicial «colisiona» con las «leyes catalanas», es la Generalitat la que decide si cumple -o no- esa orden, y cómo hacerlo. Es la tesis en la que públicamente han incidido en las últimas semanas, entre otros, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté (Convergencia), o el consejero catalán de Cultura, Santi Vila (ERC). La misma tesis con la que, hace escasas semanas, los independentistas fraguaron un acuerdo en el «Parlament» con el concurso del PP y del PSC. Y el mismo telón de fondo con el que se coció hace escasos días otro polémico acuerdo en el patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) -presidido por Miquel Roca-, que contó con el voto favorable del representante del Ministerio de Cultura -que luego, ante el revuelo, tuvo que esforzarse en matizar-.

Al incumplir estas dos órdenes judiciales, el Gobierno de Puigdemont se arriesga a un proceso penal. El abogado que defiende los intereses de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ya ha pedido que intervenga la Fiscalía por los presuntos delitos de desobediencia y de apropiación indebida. El Gobierno aragonés del socialista Javier Lambán prefiere no hablar de denuncias penales, de momento; pero -al igual que Villanueva de Sijena- ya ha reclamado judicialmente que se envíe a la Policía Nacional para incautarse de esas obras de arte y entregárselas a Aragón.