El PSOE concede a Unidas Podemos una prórroga del 'escudo social' hasta el 31 de octubre

PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para extender las medidas del 'escudo social' hasta el próximo 31 de octubre. Así lo confirmaron esta noche a ABC fuentes gubernamentales de ambos partidos. No obstante, es menos tiempo de lo que venía reclamando Unidas Podemos , dado que pedían una extensión hasta final de año.

Según las fuentes mencionadas, «las últimas conversaciones» entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra y el de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Félix Bolaños han facilitado el acuerdo para prorrogar el Real Decreto-ley con medidas sociales para personas en situación de vulnerabilidad durante la pandemia . Esta iniciativa vencía el 9 de agosto.

El Consejo de Ministros del próximo martes 3 de agosto aprobará esta extensión. Se hace hincapié en la coordinación de la coalición de Gobierno, con una comunicación conjunta del acuerdo. Y ambas partes explican que llega después del «trabajo conjunto y coordinado entre todos los ministerios implicados».

Belarra envió la semana pasada una carta a nueve departamentos pidiendo la extensión hasta el 31 de diciembre. Pero el consenso final recoge tres meses más de prórroga . Su propuesta fue recibida y estudiada por los ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Justicia; Igualdad; Consumo; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo; Transición Ecológica; Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En su carta, la ministra y líder de Podemos planteaba ampliar son la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin una alternativa a vivienda digna, «en todos los supuestos incluidos, incluidos aquéllos otros que traigan causa de un procedimiento penal». Reclamaba la prohibición de cortes de luz, agua y gas y la ampliación del bono social para determinados colectivos vulnerables. Así como la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en vivienda y transportes y medidas urgentes en asistencia y protección a las víctimas de violencia de genero, entre otros.