PSOE y PP escenifican su acuerdo en órganos constitucionales dejando a Podemos al margen
El pacto terminó de cerrarse este jueves en el Congreso de los Diputados por Bolaños y García Egea
Durante la comunicación de los elegidos se cayeron algunos nombres y hubo que buscar sustitutos
Moncloa y Génova cerraron este jueves, tras ocho días de intensas negociaciones, la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos . Y dentro del pacto acordaron escenificarlo no como gobierno y oposición sino como dos grupos parlamentarios, PSOE y PP, dejando así deliberadamente al margen a Unidas Podemos.
La formación morada sigue defendiendo que ha participado en el acuerdo a través de su interlocución con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , que ha llevado las negociaciones con el número dos del PP, Teodoro García Egea . Ambos estuvieron reunidos durante la tarde del jueves en el Congreso de los Diputados para cerrar el acuerdo, pero luego dejaron la valoración a sus portavoces parlamentarios, Cuca Gamarra por parte del Grupo Popular y Héctor Gómez desde el Grupo Socialista, para sacarlo así del ámbito de la coalición gubernamental.
«Hemos negociado única y exclusivamente con el PSOE, sin necesidad del aval de nadie», dijo Gamarra para remarcar esta idea. La formación morada, por su parte, reinvidica como suyos varios de los nombres elegidos, que habrían sido aceptados por el PP a propuesta de Bolaños y no por interlocución con Podemos.
Aunque el grueso de los nombres estaba prácticamente cerrado, la comunicación se retrasó hasta primera hora de la noche por problemas durante la comunicación a los elegidos ya que alguno de los nombres declinó la propuesta y fue necesario buscar sustitutos.
Tanto fuentes socialistas como populares destacaron que la interlocución entre Bolaños y García Egea fue buena hasta el final, aunque con Génova insistiendo durante estos ocho días en que aceptaría perfiles políticos o de expolíticos para el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, en el mundo jurídico destacaban que si bien las figuras elegidas para estos dos órganos no han tenido actividad política, son perfiles que sí están politizados . Aún así, los populares insistían en que la exclusión de nombres vinculados a la política es un avance hacia la independencia judicial y lo destacaban como una victoria sobre los socialistas además de una muestra de que ellos cumplen lo prometido en este ámbito.
Los populares también lanzaron otros guiños a su electorado al colocar a Concha Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -es la primera vez en 40 años que los populares proponen a una mujer para este puesto-, y al aupar como adjunta al Defensor del Pueblo a Teresa Jiménez-Becerril -hermana del Alberto Jiménez-Becerril, asesinado por ETA junto a su mujer- en la misma semana en que Arnaldo Otegi ha dicho que votará los nuevos Presupuestos del Gobierno si a cambio obtiene la libertad para 200 presos etarras.
Votación la segunda semana de noviembre
Las valoraciones del acuerdo, celebrado por ambas partes, difiere no obstante en cuanto al Consejo General del Poder Judicial. Héctor Gómez consideró que el pacto para los otros cuatro órganos caducados es un paso hacia el desbloqueo del Poder Judicial «tal y como establece la Ley y la Constitución« pero desde el PP insisten en que no hay avances en este sentido. «Sigue parado. Nosotros seguimos exigiendo la reforma para que los jueces elijan a los jueces y ellos no aceptan que sea previa», subrayaban fuentes de Génova.
Los socialistas también resaltaron que el acuerdo «era posible desde el primer día», y que «incumplirlo solo consigue su desprestigio y el desprestigio de nuestro Estado». Desde el PP, por su parte, Gamarra subrayó que el pacto se ha conseguido después de que el líder de la oposición, Pablo Casado, ofreciera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sentarse a negociar el miércoles de la semana pasada. Según fuentes de ambos partidos, los nombramientos pactados este jueves se someterán a votación en el Pleno del Congreso durante la segunda semana de noviembre.
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