PSOE y Podemos escenifican un acercamiento tras su primera crisis
El pacto entre Iglesias y Calvo fuerza a Calviño a aceptar las medidas antidesahucios
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Tras la primera gran crisis de la coalición a cuenta de la aprobación del anteproyecto de ley de libertad sexual, los socios de Gobierno tratan de dar carpetazo al conflicto. Y lo hacen intentando reforzar su vínculo. Fuentes de La Moncloa anunciaron ayer que el programa de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos (UP) se vería reforzado con un nuevo compromiso. Un acuerdo para limitar los desahucios por impago de alquiler en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos.
Sin mucho más detalle, se destacaba que este compromiso había sido posible después de que la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente Pablo Iglesias estuvieran trabajando «mano a mano». También se atribuye el compromiso de ampliar el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios. El pacto fue entre Calvo e Iglesias, por lo que la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, más reticente a intervenir en el mercado del alquiler, se vio obligada a aceptar las medidas antidesahucios, según fuentes de Unidas Podemos. Fue anunciado por la Presidencia y poniendo en valor a los ministerios implicados. Sin que se mencionase, por contra, al departamento competente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Así se anunció esta nueva medida del Gobierno, sin más detalles en lo concreto. Lo que pone de manifiesto la intención de poner el foco en el entendimiento entre los socios además de en la medida en sí, y tras varios días con UP trasladando su enfado con el papel jugado por Calvo la pasada semana.
Pero la «buena relación» entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a la que varias fuentes apuntan como clave para rebajar los conflictos, y que sirvió para suavizar la crisis de la pasada semana, se aplicó también para frenar la deslegitimación sobre la vicepresidenta primera. Después de que desde UP se hubiera trasladado que salía «muy debilitada». Ayer, la propia Calvo se reivindicó. Durante una entrevista en Radio Nacional de España, preguntada por si se ha sentido cuestionada, zanjó con un tajante «en absoluto» y aseguró que «para nada» se ha puesto en duda su peso en el Ejecutivo. «Soy la ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes por decreto de estructura del Gobierno y con la confianza absoluta del presidente que, además, es mi secretario general ». «Absoluta» confianza, insistió. Y es que, aunque incluso en el sector socialista se reconoce que la interlocución con Calvo «no siempre es fácil» y que podía haberse «gestionado mejor» esta situación, en el Gobierno se pone en valor que el rol que ejerce para el aterrizaje normativo «es fundamental»
La sensación en ambos partidos es que la coalición está funcionando «mucho mejor de lo que esperábamos». Pero es cierto que en UP se ha incidido en las resistencias de algunos ministros socialistas como la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la ministra de Educación Isabel Celaá, por no cumplir con algunas cuestiones ya acordadas previamente. Esos, según fuentes gubernamentales, están siendo los focos de conflicto. Y no tanto elementos sobrevenidos, como la cuestión en torno a Juan Carlos I, que «sí es una discrepancia política» y que se gestiona con ambos adoptando perfil propio.
En estos momentos ambas partes, que vienen de un mal resultado electoral el 10 de noviembre tras no lograr un acuerdo antes, entienden que la superviviencia de la coalición es fundamental. Un fracaso prematuro podría tener consecuencias difíciles de anticipar para ambos. Por eso el pasado viernes se reunieron de urgencia, con reconocida intención mediática, para lanzar una imagen de unidad antes del 8-M. Un intento por volver a coser el pacto. Se intentarán seguir mandando mensajes de unidad en los próximos días. De hecho ayer el PSOE confirmó que tras la última reunión «de urgencia» del viernes, el jueves volverá a reunirse la mesa de coordinación.
«Presión» de la PAH
Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), asegura a ABC que la valoración del acuerdo del Gobierno es «positiva», pero subraya es «consecuencia directa» de la campaña de presion que activaron hace dos semanas. «Vamos a seguir vigilantes», añade, «para ver en qué se concreta». Jacinto señala además que la semana que viene se reunirán con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. «Y estamos a la espera de que nos reciba el resto», continúa.
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos promocionó ayer con insistencia en las redes sociales las medidas. Es la competición por ponerse medallas, aunque sean mediáticas, sobre todo en temas ideológicos, dentro del gabinete. Los desahucios son una de las banderas de UP, por lo que ayer no escatimaron en mensajes para anunciarlo. Iglesias fue el primer miembro del Gobierno en reunirse con la PAH, el 21 de febrero. «El movimiento por el derecho a la vivienda fue muy crítico con nosotros y presionó para que se pusieran sobre la mesa compromisos de Gobierno, dijo.
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