PP y Ciudadanos destapan sus diferencias sobre un pacto incumplido
Ambos tratan de vender avances pese a las discrepancias claras en cuatro de las seis medidas
En un ejercicio de equilibrismo político y lingüístico PP y Ciudadanos presentaron ayer como «encarrilado» y «avanzado» el pacto anticorrupción consistente en seis condiciones que Albert Rivera impuso como condición previa a una negociación para la investidura de Mariano Rajoy . Un documento que especificaba que estas cuestiones «se deberán tramitar durante los tres primeros meses» de legislatura. El plazo vencía ayer (enero no es hábil parlamentariamente) y lo cierto es que existen discrepancias de forma y fondo en al menos cuatro de esos seis puntos . Pero ambas formaciones tratan de trasladar a la opinión públcia que intercambiar propuestas y mantener reuniones, en las que se constatan las diferencias, es «tramitar» dichas medidas.
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Tras reunirse ayer en el Congreso de los Diputados durante más de una hora, el equipo de Ciudadanos y los representantes del PP salieron sin ninguna novedad. En una comparecencia posterior, Girauta, aseveró que «a fecha de hoy las 6 condiciones que impusimos están encarriladas y avanzando» . Instantes después el portavoz de Ciudadanos la existencia de una «discrepancia de tipo jurídico» en torno a la limitación de mandatos del presidente del Gobierno. Cree Ciudadanos que es suficiente con modificar la Ley de Gobierno mientras que el PP considera que se requiere de una reforma constitucional ya que implica «la limitación de un derecho a la participación política», como explicó después el secretario general del grupo parlamentario del PP, Bermúdez de Castro.
Solo con la Constitución
El representante popular justificó que el artículo 99 de la Constitución no establece ninguna limitación porque no lo contemplaron los constituyentes. En el PP ya se ha reconocido públicamente que no se está a favor del objetivo de la reforma porque es propio de un régimen presidencialista. Pero ayer Bermúdez de Castro se comprometió a ello. «Estamos de acuerdo en el objetivo. No de acuerdo en la fórmula». Girauta expresó una opinión contraria: « Para nosotros no hay duda de que se puede reformar sin reforma constitucional . Lo que se puede hacer más corto mejor no hacerlo más largo».
Para garantizar sacar adelante sus medidas Cs mantiene abierta la puerta con «contactos informales» con otros grupos la posibilidad de aprobarlo de la mano de PSOE y Podemos. Prueba inequívoca de que no hay compromiso claro de que el pacto se vaya a cumplir. La clave está, por tanto, en que el PP supedita la cuestión a una reforma de la Carta Magna y a la obtención de «unas mayorías que no se pueden alcanzar con nuestro acuerdo».
Respecto a la supresión de los aforamientos recogidos en la Constitución (diputados, senadores y miembros del Gobierno central) que Cs quiere suprimir mediante una reforma exprés de la Constitución. Pero el PP insiste en buscar consenso para amoldarlo a los procesos autonómicos porque lo contrario «chocaría con el principio de igualdad». La vía «quirúrgica y rápida» que defiende Cs es prácticamente imposible, entre otras cosas porque Podemos ha reiterado que solicitará un referéndum para cualquier cambio constitucional. PP y Cs se ampara en esa posición para justificar un eventual incumplimiento de su pacto: «¿Va Podemos a impedir la limitación de los aforamientos?», se preguntó Girauta. No es el único problema.
El caso del presidente de Murcia ya está demostrando que no se comparte el criterio del momento procesal un cargo público debe abandonar. Pero hay más. Para Cs es un avance que ayer se le trasladase al PP una propuesta para registrar conjuntamente la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. «Vamos a estudiar el contenido», indicó Bermúdez de Castro. Pero planteó que quizás no es el «momento idóneo» porque es un asunto que está sometido a pronunciamiento judicial .
El PP pretende desviar la cuestión enmarcando esa investigación en el seno de otra ya creada sobre la financiación de todos los partidos que tiene como finalidad alcanzar consensos para corregir la norma a este respecto. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha señalado esta noche que su partido «ya está cumpliendo» el compromiso a través de esa subcomisión.
