PP, Vox y Cs acusan a Sánchez de un uso partidista de la Abogacía del Estado
La oposición alerta de un fraude de ley en el caso de los avales por las condenas del Tribunal de Cuentas
PP, Vox y Ciudadanos (Cs) cargaron este jueves con dureza contra Pedro Sánchez y contra lo que consideran una «utilización partidista» de la Abogacía del Estado . Su crítica, de nuevo en bloque y en términos similares, remite al caso de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) presentados ante el Tribunal de Cuentas por 29 ex altos cargos de la Generalitat vinculados al ‘procés’, tras conocerse que el abogado del Estado ante el órgano fiscalizador de cuentas se ha inhibido respecto a su legalidad.
El PP habló de la «tremenda irresponsabilidad» que supone este supuesto movimiento. «El problema es que Sánchez cree que las instituciones deben servirle a él», dijo el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, que censuró una vez más las maniobras veladas del Gobierno. «Vuelve a confundirlo todo y vuelve a utilizar las instituciones del Estado a su servicio», añadió, según recoge Ep.
Como informó ABC, el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, ha elevado a la directora del Servicio Jurídico del Estado, Consuelo Castro, una consulta en torno a la idoneidad –«suficiencia y legalidad»– de que la Abogacía del Estado emita o no el informe que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García Moreno, solicitó respecto a los avales del ICF para 29 ex altos cargos de la Generalitat condenados.
Así, García Monteys advierte en su escrito de que puede «existir un posible conflicto de intereses», habida cuenta de que la propia la Abogacía del Estado «también parte en el procedimiento en cuyo marco se ha planteado la petición de informe» de la delegada instructora. Por ello, se inhibe de la decisión y pide a la Abogacía General del Estado que responda «a la mayor brevedad posible».
Montesinos, que denunció que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos ataca a los tribunales «cuando no les gusta lo que dicen», reivindicó la labor del Tribunal de Cuentas ante la malversación de los políticos catalanes como Artur Mas, Oriol Junqueras o Carles Puigdemont , entre otros. «No se pueden ir de rositas», aseveró el dirigente popular.
«Mira para otro lado»
En la misma línea se manifestó el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, seguro de que estos avales constituyen un «fraude de ley». El número 2 de la formación naranja –precisamente abogado del Estado en excedencia– deslizó su sospecha de que Sánchez ha dado instrucciones para que la Abogacía del Estado mire para otro lado: «Una argucia para no molestar mucho a sus socios separatistas ».
Bal recordó que la Abogacía del Estado nace con el objetivo de proteger el tesoro público y, por tanto, es plenamente competente para emitir un informe sobre estos avales. «Es dinero de todos los españoles y de los catalanes. La Abogacía del Estado debería ejercer su función primordial de defensa del tesoro público », destacó el también vicesecretario general de Cs. «Que mire para otro lado en este sentido, no sabemos si por imperativo de las instrucciones del Gobierno, me parece francamente mal», concluyó el diputado.
La posición de Vox es casi calcalda a la de los otros partidos del bloque de centro-derecha. Joan Garriga, portavoz de la formación en Cataluña, considera que el Gobierno «no puede instrumentalizar las instituciones para proteger a los que quieren acabar con el Estado » y advierte de que la Abogacía debería emitir un informe negativo: «El origen de los avales son la creación de urgencia de un fondo con los presupuestos de la Generalitat, el dinero de todos , y exclusivamente para favorecer el Patrimonio de los separatistas». Vox, además, presentó una querella por malversación y prevaricación contra los firmantes del fondo.
La polémica en torno al papel de la Abogacía del Estado se ha conocido la misma semana de la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, con el desbloqueo de un proyecto para ampliar el aeropuerto de El Prat y hasta cinco transferencias competenciales, como las becas o ayudas al estudio, el ferrocarril y la red de Cercanías o el control de la formación sanitaria, el MIR, Salvamento Marítimo, inspección de trabajo y el ingreso mínimo vital. También el compromiso de reducir la «conflictividad institucional» y evitar que los litigios acaben con la impugnación de normas del Govern en el Tribunal Constitucional.
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