Editorial
La Abogacía del Estado, ¿de quién depende?
El abogado del Estado que tenía que pronunciarse sobre la legalidad de los avales emitidos por el Instituto Catalán de Finanzas para cubrir las fianzas de los ex altos cargos de la Generalitat no tiene nada que decir sobre el particular
El abogado del Estado que tenía que pronunciarse sobre la legalidad de los avales emitidos por el Instituto Catalán de Finanzas para cubrir las fianzas de los ex altos cargos de la Generalitat no tiene nada que decir sobre el particular. Se inhibe. Posible conflicto de intereses, alega. El letrado del Estado en el Tribunal de Cuentas considera que haber participado ya en este caso lo inhabilita para decidir sobre lo que aparenta ser, sin asomo de pudor, un ejercicio de malversación con el que la Generalitat -‘a más a más’- pretende tapar el agujero de otra malversación. El abogado eleva la consulta a su superiora, nombrada por el Gobierno, para que, con la independencia que se le supone, más aún en un tiempo que ha dejado atrás las venganzas y las revanchas de los tribunales, según Sánchez, firme un informe que despeje las escasas dudas que aún tiene el Tribunal de Cuentas sobre este desvío de fondos. Si la Fiscalía depende de Sánchez, la Abogacía, ¿de quién depende? Pues ya está.
