El PP tacha de «tomadura de pelo» el plan de Sánchez para imponer su estado de alarma
Los populares instan al Gobierno a rectificar y activar una reforma legal para evitar medicas excepcionales
Sigue en directo el debate sobre la prórroga del estado de alarma
Cuando Pedro Sánchez llamó a Pablo Casado para informarle del estado de alarma de seis meses que pretendía imponer, en realidad no buscaba un acuerdo con el principal partido de la oposición, sino una adhesión incondicional. Así lo denuncian en el PP y así se ha visto hoy en el Pleno del Congreso , donde el presidente del Gobierno ha rechazado de plano las propuestas de Pablo Casado y como mucho ha defendido que sean las comunidades las que decidan dentro de cuatro meses si el estado de alarma debe continuar. El PP ha dicho «no» a la idea de Sánchez para saltarse otra vez el Parlamento y la ha calificado de «tomadura de pelo».
Casado esperaba una respuesta de Sánchez a su oferta de un estado de alarma de ocho semanas y la activación de una reforma legislativa que evite en el futuro esa medida excepcional. Había incluso cierto optimismo en Génova, pero esta mañana se ha visto que los puentes siguen rotos. Ni negociación ni diálogo, Sánchez solo quiere que el PP apoye su estado de alarma.
El PP ha dicho «no» a la nueva propuesta de Sánchez, que supone dejar en manos de las comunidades la prolongación del estado de alarma más allá del nueve de marzo. El presidente del Gobierno se lavaría las manos: la decisión sobre la suspensión de derechos no sería suya, sino de las autonomías.
«Es el Parlamento el que decide un estado de alarma, no un Consejo interterritorial», han advertido fuentes populares. El secretario general del PP, Teodoro García Egea , ha subrayado en su intervención en la sesión de control que «la democracia no es un bazar y no se regatea».
«Sánchez propone un estado de alarma de seis meses y sustituir al Parlamento por el Consejo Interterritorial, ¿lo siguiente será que Ferraz tome las decisiones?», se ha preguntado. Ante esa situación el PP se reafirma en su posición: «España necesita un plan B jurídico que dé certidumbre y evitar la excepcionalidad del estado de alarma».
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