El PP pone contra las cuerdas al PSOE al llevar la política penitenciaria al Pleno
El Congreso debate este martes acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento y los 'ongi etorri'
El Gobierno abrió dos vías con las redes de apoyo a presos de ETA
El PSOE tendrá otra oportunidad para enmendar o confirmar sus relaciones con el mundo proetarra . El Pleno del Congreso debatirá la proposición de ley impulsada por los populares para poner fin a que los presos de la banda terrorista puedan acceder al tercer grado sin arrepentimiento ni colaboración con las autoridades, y a que sean homenajeados a su salida de prisión.
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La posición que adopten los socialistas retratará su posición en plena polémica por el informe de la Guardia Civil sobre las reuniones y contactos mantenidos entre Interior y colaboradores del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para dar un trato de favor a los etarras en prisión. En cuanto a los ‘ongi etorri’, el partido de Pedro Sánchez los rechaza verbalmente pero el pasado mes de noviembre votó en contra de prohibirlos cuando Ciudadanos elevó al Pleno una iniciativa en este sentido. Nada hace pensar que los socialistas modificarán su posición por lo que los populares intentarán rentabilizar el debate y extender la tesis de que el Gobierno utiliza la política penitenciaria como medio de pago a EH Bildu por su apoyo en el Congreso.
Reformas legales
La proposición de ley popular pretende mejorar el régimen de protección de las víctimas de delitos actuando en dos frentes. Por un lado, el partido de Pablo Casado plantea endurecer los controles sobre el acercamiento de presos para que no puedan concederse sin que exista arrepentimiento y colaboración con las autoridades. La fórmula en este caso sería una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los condenados por terrorismo no puedan acceder al tercer grado sin que quede acreditada , con informes de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía, su desvinculación a la organización terrorista, al entorno de ésta y a sus actividades y asociaciones. Los populares también proponen exigir que las autoridades acrediten la colaboración del condenado en el esclarecimiento de crímenes por resolver.
Por otra parte, el texto plantea dar poder a los delegados y subdelegados del Gobierno para que puedan suspender las reuniones o manifestaciones que persigan homenajear al autor de un delito. Para ello proponen modificar el Estatuto de la Víctima sobre la base de que estas concentraciones pueden implicar represalias, intimidación, victimizaciones secundarias o daños psíquicos y agresiones a la intimidad de los agredidos y sus familiares. La iniciativa aboga por reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para que si una delegación del Gobierno suspende una reunión, los ayuntamientos no puedan facilitar su celebración sin incurrir en una infracción muy grave. Para rematar, el texto plantea que la Fiscalía actúe contra los organizadores de estos actos si llegan a constituir delito.
Ley de Seguridad Ciudadana
Este será uno de los debates más importantes de esta semana en el Congreso, donde también este martes podrían producirse avances entre el PSOE y sus socios para la reforma de la Ley de Seguridad de Ciudadana. El miércoles la atención estará centrada en la sesión de control, donde el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, mantendrán su primer cara a cara en ocho semanas con los ecos de las elecciones de Castilla y León.
Los populares también presionarán a los socialistas por sus alianzas con EH Bildu durante la sesión de control. Su diputado y víctima del terrorismo Jaime Mateu preguntará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el papel que tuvo el etarra Kubati como interlocutor del Gobierno . «¿Estaba al corriente de la existencia de canales soterrados de negociación con representantes del mundo proetarra para programar la concesión de privilegios a los presos de ETA?», planteará al exmagistrado. Además, el PP interpelará al responsable de Interior por su política para prevenir y erradicar la actividad delictiva de grupos juveniles violentos. La presión también le llegará al Gobierno desde Vox ya que el vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, preguntará a Grande-Marlaska por qué ha ocultado que «está en permanente contacto con representantes de los presos de ETA a fin de cumplir sus exigencias».
