El PP denuncia a la directora de la Guardia Civil y el número dos de Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos
Asegura que la anulación del acto administrativo abre la puerta a la vía penal
El Partido Popular ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid por un presunto delito de prevaricación contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en relación al cese «manifiestamente ilegal» del coronel Diego Pérez de los Cobos anulado por la Audiencia Nacional.
La denuncia, a la que tuvo acceso ABC, se basa en el relato de hechos probados de aquella sentencia de lo Contencioso que impuso a Interior a readmitir en su puesto al coronel. Argumenta que ha quedado acreditado «sin ningún género de dudas», que Pérez, a propuesta de Gámez, cesó a Pérez de los Cobos «de manera completamente irregular, contraria a la Ley y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
En la misma línea, incide en que se da por probado que ese cese fue consecuencia de la negativa del coronel a informar a sus superiores del trabajo de los guardias civiles bajo su mando en una causa abierta en Madrid, pese a que tenía deber de reserva general al tratarse de un procedimiento judicial en curso y de que la juez a cargo del caso había dado orden expresa de discreción.
«Hechos especialmente graves»
Para los populares, es «especialmente grave» que «los responsables del Ministerio del Interior eran conscientes» de esos deberes de Pérez de los Cobos y, aún así, le exigieron una «ilicitud» que podría haberle supuesto cometer un delito.
«Todo ello es evidentemente conocido por las personas involucradas, Dª María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil, quien propuso el cese, y por D. Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, quien dictó la resolución de manera manifiestamente arbitraria, ilegal e injusta, enmascarando la misma bajo la apariencia de un mero acto discrecional , que por inequívocamente ilegal hubiera sido de imposible contenido jurídico, persiguiendo con ello burlar cualquier control técnico o jurídico sobre el mismo», señala la denuncia.
En opinión del PP, estos hechos que pone en conocimiento del Decanato de los Juzgados de Madrid, «pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación» y recuerda que la vía administrativa por la que se ha dado la razón a Pérez de los Cobos en su cese, es bastante «para iniciar la acción penal contra las autoridades que participaron en la consumación del acto administrativo anulado ».
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