El PP acusa a Sánchez de cruzar otra línea roja al poner la Abogacía a su servicio

El Partido Popular acusó ayer a Pedro Sánchez de atravesar otra línea roja al utilizar la Abogacía del Estado para ocultar sus viajes en campaña con medios públicos , como informó ayer ABC. La Abogacía General del Estado demandó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la Audiencia Nacional para ocultar los viajes que el presidente del Gobierno realizó durante la campaña electoral del 28 de abril usando medios públicos, ya sea el Falcon, helicópteros o coches oficiales. El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno había estimado una petición realizada por ABC para obtener información sobre los medios de transporte utilizado por el presidente del Gobierno ante las elecciones de abril, en desplazamientos ajenos a la condición de jefe del Ejecutivo.

Fuentes del PP señalaron que «la afición» de Sánchez a usar el avión presidencial como si fuera suyo le lleva a confundir lo público con lo privado y a utilizar la Abogacía del Estado como si fuese su abogado particular». «Ya ha desprestigiado el CIS y RTVE, y el PP no consentirá que lo haga con uno de los mejores y más prestigiosos resortes del Estado de Derecho» , advirtieron ayer los populares desde Génova.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra , calificó de «impresentable» la utilización constante que hace Sánchez «en beneficio propio de todos los instrumentos del Estado, que no son suyos, sino del Estado». A su juicio, esa práctica supone una pérdida de «calidad democrática». En nombre del PP, Gamarra trasladó su apoyo y reconocimiento a todos los abogados del Estado, «que son una parte fundamental para las garantías del Estado de Derecho».

Desde Vox , la secretaria general del Grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona, acusó a Sánchez de asaltar «una a una todas las instituciones públicas» . «Nos encontramos ante un cambio de Régimen, no de Gobierno. Sánchez primero ha asaltado La Moncloa. Ahora asaltará una a una todas las instituciones públicas que puedan suponer un freno o cortapisa a sus ansias desmedidas de poder».

Olona subrayó que «el Ejecutivo socialista estaba obligado a facilitar la información requerida por ABC. Así lo ha determinado el Consejo de Transparencia». «Como no está conforme utiliza a la Abogacía del Estado para intentar ocultar la información. Lo grave es que en esos procesos judiciales ante la Audiencia Nacional el Consejo de Transparencia también está defendido por la Abogacía del Estado. Estamos perdiendo la credibilidad en instituciones con más de un siglo de existencia. Desde Vox actuaremos como un muro de contención», avisó la dirigente de ese partido.

El abogado del Estado de Cs y portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal, no dudó en tachar ayer de «despropósito» el «uso» de la Abogacía del Estado para recurrir la resolución del Consejo de Transparencia . En conversación con ABC, destacó la obviedad de que la Administración debe cumplir la ley y recordó que tanto la Constitución señala la obligación de informar a los ciudadanos de los asuntos públicos, siempre que no afecten a la seguridad nacional o a la intimidad personal.

Por ello, Bal considera que la información solicitada por este diario, los viajes con medios públicos realizados por el presidente en la campaña electoral, es de sobra relevante para ser comunicada con absoluta transparencia. Además, al recurrir la Abogacía del Estado, Bal denuncia que el Consejo de Transparencia deberá contratar un despacho privado pagado con dinero público.