La Policía identifica al posible autor de la otra estafa al Ayuntamiento de Madrid
Un juzgado de la capital estudia reabrir el caso tras identificar al sospechoso del engaño, por el que el consistorio pagó 1,25 millones de euros por 500.000 mascarillas que no cumplían con la normativa vigente
La Cámara de Comercio Internacional revela que el contrato que usaron Medina y Luceño es falso
La Policía ha facilitado una nueva identidad del presunto responsable de la segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid. Una estafa por la que el consistorio pagó 1,25 millones de euros a una consultora de Nueva York, Sinclaire&Wilde, por 500.000 mascarillas que, según se comprobó, no cumplían con la normativa vigente.
Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, con esta nueva identidad encima de la mesa, el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid estudia la reapertura de la causa. La falta de autor conocido obligó a archivar el asunto en julio de 2020, después de que las pesquisas de la Policía Municipal de Madrid llegasen a vía muerta: llegaron a pedir colaboración a la Policía Metropolitana de Nueva York para localizar al presunto autor de la estafa, pero no dieron con él.
No era una compra cualquiera. El ayuntamiento la aprobó el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia , cuando reinaban la escasez y la necesidad de material sanitario. De esas fechas es el contrato con la empresa malasia Leno que ahora investiga el juzgado número 47 de Madrid por la comisión de cerca del 48 por ciento que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron por su intermediación. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid aportó a la Fiscalía Anticorrupción la documentación relativa a esta otra estafa, para que lo tuviesen en cuenta en sus pesquisas sobre los dos comisionistas y pudieran constatar qué hizo el consistorio cuando en un contexto similar, detectó que había un engaño.
En esta ocasión, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la compra de un millón de mascarillas FFP2 por 2,5 millones de euros que debían llegar a la capital en dos tandas. El proveedor, una consultora de Nueva York, a la que el consistorio acabó haciendo una única transferencia por la mitad de dinero para el primer envío. No hubo un segundo porque en abril, con las mascarillas ya en camino, los servicios jurídicos del ayuntamiento detectaron irregularidades. Según el atestado de la Policía Municipal, faltaban las certificaciones de calidad a pesar de que se habían solicitado en numerosas ocasiones. Reclamaron la devolución del importe sin obtener respuesta.
La mercancía acabó llegando a la aduana del aeropuerto de Barajas. Medio millón de mascarillas que, según el director general de Emergencias y Protección Civil, «no se ajustaban a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea».
Llegó a la conclusión de que el producto, «si bien con apariencia de veracidad» presentaba «indicios suficientes» de que no cumplían las garantías sanitarias básicas como para entregárselas al personal de Emergencias. Puso el asunto directamente en manos de la Policía Municipal, que llegó a la conclusión de que la documentación que viajaba con los tapabocas tampoco era la que correspondía: «Incluye documentos que se indican para otros productos, como pueden ser cosméticos», decía el atestado.
Colaboración neoyorquina
Tocaba identificar al empresario tras la consultora neoyorquina que había cerrado la venta: Philippe Haim Solomon. Llevaba meses sin dar señales de vida. Ni rastro tampoco de ningún responsable de la consultora norteamericana.
La Policía Municipal recurrió a sus colegas de la Policía Metropolitana de Nueva York y les facilitó las señas de Solomon en esa ciudad. Llamaron a su puerta pero quien abrió fue un ciudadano de origen chino, quien reconoció haber prestado su dirección a la consultora para que la utilizase como domicilio fiscal, pero de su administrador no tenía ni idea. Refirió que no le conocía en persona, más allá de llamadas online, y se quejó a los agentes de que de un tiempo a esa parte estaban llegando a su nombre distintos requerimientos judiciales. No sabía cuál podía ser su paradero. Se sospechaba entonces que podría encontrarse en Reino Unido.
La Policía, en su atestado, atribuye a Solomon un delito de estafa pero también contra la propiedad industrial por la falsificación de las certificaciones. Además considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los consumidores y usuarios, con un «perjuicio grave» al ayuntamiento.
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