De peajes gratuitos en autopistas a pisos protegidos: las otras cesiones del Gobierno a ERC

El Gobierno acepta dejar de invertir en la comisaría de vía Laietana (Barcelona), hoy Jefatura Superior de Policía de Cataluña

Foto de archivo del portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ana I. Sánchez

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El gran triunfo de ERC en su negociación con el Gobierno es el blindaje de las lenguas cooficiales en la nueva ley Audiovisual, pero el acuerdo incluye otras muchas cesiones financieras y políticas.

Entre las primeras se encuentran fondos por casi 50 millones, de manera que la inversión en el territorio catalán se ve elevada hasta el 19 por ciento en cumplimiento del Estatuto. Además, hay transferencias por más de 33 millones que se dividen en dinero para adquirir al Sareb viviendas que se destinarán a alquiler social para jóvenes o otras medidas en materia de vivienda (10 millones para la Generalitat y 16 para el Ayuntamiento de Barcelona), compensar la eliminación de los peajes en la AP-7 y la AP-2 (1,6 millones) o mejorar las carreteras (5,7 millones).

El acuerdo entre socialistas y republicanos recoge también la ampliación de partidas para adquirir libros de texto y material didáctico hasta 60 millones, la financiación de hasta cuatro proyectos de Investigación y desarrollo por 7,55 millones y otros 500.000 euros más para luchar contra la emergencia climática del Delta del Ebro.

En cuanto a transferencias de gestión, pasarán a la Generalitat las carreteras B23 y la B30 y a finales de mes se iniciarán los trámites para iniciar el traspaso de cercanías en la Generalitat.

Además, los republicanos logran la equiparación de la jubilación anticipada de los Mossos a la de la Ertzaintza y la Policía Nacional para que los agentes autonómicos catalanes puedan jubilarse a los 60 años, o se elimina de los Presupuestos la partida prevista realizar reformas de mejora de la comisaría de vía Laietana (Barcelona), hoy Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

En cuanto a la reforma de las pensiones, los socialistas ceden y realizarán una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social para saber cuánto dinero de pensiones se ha dedicado en el pasado a pagar deuda. También incluyen que los pensionistas con 40 años cotizados, forzados a adelantar su jubilación que cobren menos de 900 euros al mes, recibirán un complemento.

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