Pastor aplaza el debate sobre el pluriempleo de los diputados para no dañar la imagen del Congreso

El PSOE pensaba votar en contra de que unos 40 diputados pudieran tener un segundo empleo

Zoido y Pastor, en el Congreso de los Diputados EFE
Ana I. Sánchez

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Una de las metas que se ha marcado la presidenta del Congreso, Ana Pastor , es devolver al Congreso de los Diputados parte del respeto que ha perdido entre la ciudadanía durante los años. Ofrecer una imagen ejemplar y «mejor que la media» es una nueva obligación que ha incluido entre las labores de los parlamentarios . Y en este contexto, un debate en el que el segundo grupo más poderoso de la Cámara, el PSOE, criticara a sus compañeros por «ganar dinero» en actividadades privadas mientras desarrollan su labor de parlamentarios era un ataque en la línea de flotación de toda su estrategia.

Por ello, Pastor decidió ayer buscar el consenso de los grupos parlamentarios para retirar del orden del día del Pleno de hoy la probación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades. Un texto que iba a ser aprobado por la Cámara Baja pero con el voto en contra de los socialistas, que denuncian que unas 40 señorías que han solicitado autorización para prestar sus servicios en el ámbito privado no deberían recibirla. El líder de Podemos, Pablo Iglesias , se encuentra dentro de este grupo ya que quiere seguir siendo presentador de un programa de televisión. La concesión de permiso a este grupo viene avalada por los letrados del Congreso y la Comisión del Estatuto del Diputado.

Pastor y los portavoces de los grupos han acordado devolver el dictamen a la comisión del Estatuto de los Diputados donde se estudiarán las propuestas realizadas por el PSOE para intentar alcanzar un acuerdo unánime. Desde el inicio de la democracia, nunca este debate se había retirado del orden del día del Pleno. Para los socialistas se trata de una decisión «acertada» que esperan que se concrete en medidas para elevar la información sobre las compatibilidades solicitadas y «comprobar que se cumplen». Su argumento es la necesidad de evitar que se repitan casos como los de Martínez Pujalte o Gómez de la Serna .

No obstante, el acuerdo no parece sencillo. El asunto hizo saltar chispas este mismo martes entre PSOE y Podemos. «Si alguien quiere censurarme o ponerme una mordaza por hacer eso creo que eso no es una actitud muy democrática», advirtió el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Pero la formación morada no es la única que critica a los socialistas por este descuelgue. Para empezar este partido votó el pasado mes de abril a favor de la concesión de estas autorizaciones en un dictamen que recogía prácticamente las mismas actividades y las mismas señorías. Para continuar porque las solicitudes presentadas se ajustan a la legalidad vigente. Le instan, por tanto, a promover un cambio legal si quiere que la ley sea más restrictiva.

El PSOE ya ha comenzado a impulsar este cambio con una petición presentada ante la Mesa del Congreso para que se reforme el Reglamento de la Cámara y no se permita el pluriempleo remunerado . También han propuesto al resto de los grupos parlamentarios una ampliación del régimen de incompatibilidades establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de manera que los parlamentarios solo puedan simultanear sus labores con las actividades privadas realtivas a la administración de su patrimonio, la producción y creación literaria, científica, artística o técnica y las publicaciones derivadas de ellas.

Sin percibir remuneración los socialistas están dispuestos a abrir el abanico de actividades permitidas hasta la ocupación de cargos en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro así como colaborar con centros docentes o medios de comunicación y participar en conferencias o seminarios. Su propuesta incluye que la Comisión del Diputado pueda requerir la comparecencia de los diputados que desarrollen actividades laborales paralelas que necesitan de autorización, para que informen sobre sus razones para llevarlas a cabo.

Y también que este mismo órgano tenga potestad para requerir anualmente a todos ellos información sobre las variaciones que puedan haberse producido en la prestación de sus servicios . Por último apuestan porque sea un nuevo deber de los parlamentarios mantener actualizadas sus declaraciones de actividades así como por la prohibición de que puedan iniciar actividad alguna sin haber recibido autorización de manera previa. En caso de inccumplimiento de alguna de estas nuevas obligaciones, quieren determinar sanciones.

Esta propuesta, a juicio del resto de partidos, es una hipocresía. Argumentan que los socialistas no tienen nada que perder porque todas estas limitaciones ya están vigentes para ellos dado que fueron incluidas en su régimen interno por su ex secretario general, Pedro Sánchez , en 2015. Y critican además que los cambios que proponen afectan, en mayor medida, a los diputados de otros grupos parlamentarios ya que el PSOE es el grupo con mayor presencia de funcionarios en excedencia y, por tanto, con menos diputados vinculados a actividades privadas.

En esta línea cargan, por ejemplo, contra que los socialistas no planteen la prohibición del cobro de los trienios del que se benefician sus diputados durante sus años de ejercicio en el Congreso. Rematan censurando que este mismo grupo de parlamentarios pueda ascender siete niveles, del 23 al 30, a su regreso a la plaza obtenida por oposición, sin que para el PSOE eso presente inconveniente alguno.

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