El número de inmigrantes menores no acompañados se duplica en 15 meses
El último registro de Interior computó en abril 12.303 niños y adolescentes extranjeros solos. Al término de 2017 eran 6.414. Un año antes, 3.997.
No hay una foto fija posible del número de menores extranjeros no acompañados que hay en España. Se les inscribe en las comisarías de policía, donde se niegan a dar su nombre real por miedo a ser repatriados, pero las competencias para su atención directa, apoyo e integración residen en las autonomías, que a su vez contabilizan continuamente bajas de los que cumplen la mayoría de edad, reciben a otros por derivación o los pierden de vista porque se fugan de los centros donde en teoría deben residir. El Ministerio del Interior intenta cerrar trimestralmente un registro partiendo de los datos que ofrecen las comunidades y según el último publicado, el 30 de abril de este año, los menas ascendían a 12.303, pero del mismo modo que el 21 de enero pasado eran setecientos más, exactamente 13.012.
Las cifras fluctúan casi de un día para otro, por eso conviene tomar distancia y comparar lo que se está viendo este año con estadísticas de ejercicios anteriores para ver que en muy poco tiempo, esta población inmigrante se ha multiplicado . Sin ir más lejos, hoy es el doble de lo que venía computándose en 2017 – 6.414 en diciembre – y el triple de la de 2016, año que se cerró con 3.997 de estos menores.
El fenómeno crece y, si bien las cifras pudieran no parecer desorbitadas en un país que supera los 46,7 millones de habitantes, sí lo es la desequilibrada distribución entre regiones de estos menores, a los que a menudo acompaña un perfil de conflictividad que hace particularmente compleja su inserción, factor que por otro lado incrementa el riesgo de que ellos mismos acaben siendo víctimas de la explotación, los abusos o la trata. Por no hablar del peligro de muerte que corren en una práctica tan extendida como la de tratar de subir al ferry que une Ceuta con Algeciras .
Sea como fuere, sucesos confusos como el asalto al centro de menores tutelados de El Masnou (Barcelona) , ocurrido tras el intento de violación de una joven , han disparado el debate sobre qué hacer con estas personas cuando optan por abandonar el sistema de protección o si es preciso devolverles a sus países de origen en caso de que hayan delinquido.
Por qué cada vez son más y más los niños y adolescentes que vienen solos a nuestro país para beneficiarse –o no– del sistema público de acogida es un interrogante que no se explica en función de un único factor.
Los tiempos de Rabat
Marroquíes en hasta un 75% de los casos, muchos son empujados por sus padres para que encuentren en España un presente y un futuro mejor, lo que lleva a las familias incluso a hacer el esfuerzo de pagar los viajes organizados por mafias que ayudan a los menores a cruzar el Mediterráneo en patera y a realizar diversos desplazamientos dentro de nuestro país hasta encontrar acomodo. Otros menas pertenecientes a entornos desestructurados simplemente parten de forma voluntaria.
En el caso de los que se encuentran en Ceuta o en Melilla, no es extraño que se dediquen a salir de España con frecuencia para ir periódicamente a visitar a los suyos, tras lo que regresan mezclándose entre las gentes que a diario atraviesan los pasos fronterizos de ambas Ciudades Autónomas por tierra o también a nado. Prolongando esta forma de vida, si llegan a conseguir la residencia española, más tarde podrán ayudar a otros por medio de la reagrupación. En edades próximas a los 18, no faltan los que toman la decisión de salir de Marruecos y dar el salto a España ante la proximidad de su reclutamiento para el servicio militar obligatorio –recientemente reinstaurado para jóvenes de entre 19 y 25 años–, en vista del paro endémico que arrastra el estado vecino o de la represión en zonas como el Rif.
Pero un elemento clave en la decisión de venir a España es saber que nadie les va a devolver a su casa. Rabat se resiste sistemáticamente a su repatriación, a pesar del acuerdo alcanzado en 2007 y publicado en el BOE en 2013 que compromete a los dos países a «favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen». A título de curiosidad, el documento también deja claro que España pagará ese regreso incluido el viaje, amén de «cofinanciar» acciones de desarrollo para prevenir ese tipo de éxodo.
Ya en su reunión en Madrid en octubre de 2018 con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit , el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , dejó claro el interés de España por aplicar este convenio, lo que se tradujo en la llegada en abril de una delegación marroquí que participó junto a la Fiscalía española en entrevistas a 23 niños propuestos para su devolución por el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Garantías
Hasta donde Interior ha informado a este diario, ninguna de ellas se ha producido y al respecto de este proceso, el Ministerio se ha limitado a explicar que no hay «nada» que decir por el momento, habida cuenta de que «los tiempos de Marruecos son otros».
En principio, esos 23 menores fueron sometidos a aquellas entrevistas una vez que se había comprobado que «cumplían los requisitos», que según fuentes oficiales consistían en «que no estén integrados del todo en España, que puedan estar mejor en Marruecos y que tengan familia allí», y siempre previo aseguramiento de que se «garantizará su interés superior».
Sobre el papel, algo que dificultaría por completo las expatriaciones sería la falta de identificación de muchos de los niños y adolescentes, que de forma sistemática se niegan a facilitar sus datos a las autoridades españolas, aunque lo que desconocen es que a Rabat le importa muy poco que estén efectivamente filiados o no. El gobierno de Melilla, como ya publicó ABC en abril, asegura haber facilitado a Marruecos nombres completos de niños y la dirección exacta de sus familias con la esperanza de que fueran llevados a sus respectivos hogares. Pero la administración melillita subraya que nunca hubo respuesta.
Organizaciones como Save the Children han censurado estos intentos de repatriaciones. La última iniciativa para implicar al régimen alauí en la problemática que se ha generado y que va a más ha sido protagonizado por Andalucía, cuyo presidente, Juan Manuel Moreno , expuso tras un reciente viaje a Marruecos su creencia de que la legislación española es «demasiado garantista» a la hora de la devolución de estas personas. En contra de ello, se esgrimen argumentos que recuerdan que el país vecino no tiene un sistema de protección adecuado para niños y adolescentes y que sus centros no ofrecen condiciones.
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