Moreno tacha de «ridículas» las imputaciones en el caso Titella y reivindica su inocencia
Alega que «no tiene lógica» situarle como jefe de una organización criminal «para el lucro ajeno»
Insiste en que de los 85 millones supuestamente defraudados a los bancos, él sólo recibió tres y justificados
La defensa del productor de televisión José Luis Moreno ha presentado una batería de escritos ante el instructor del caso Titella en la Audiencia Nacional que apelan al sentido común para reivindicar su inocencia frente al elenco de imputaciones que pesan sobre él y que abarcan desde organización criminal en calidad de jefe a blanqueo, pasando por un fraude bancario estimado en 85 millones de euros . «Es simplemente, ridículo», señala.
Moreno fue detenido en el contexto de la operación Titella en julio del año pasado y puesto en libertad con una fianza que consignó con garantías hipotecarias por importe de cuatro millones de euros. La tesis de los investigadores es que como personaje conocido, lideró una organización que se dedicaba al fraude bancario a través del también imputado Antonio Aguilera . Cuando él fue detenido y la trama se cortó, habría captado como inversor privado al empresario argentino Alejandro Roemmers y le habría estafado otros 35 millones en calidad de inversión en una serie que no llegó a ver la luz.
El origen estaría, de acuerdo a la tesis de los investigadores, en que arrastraba una deuda con Hacienda de 3 millones de euros que le impedía acceder por sus propios medios a la financiación que necesitaba para sus proyectos. Por el camino, se habría lucrado, habría eludido otros pagos y habría liderado un sistema de facturación falsa para encubrir desvíos de fondos, se presume, al extranjero. Su defensa, en un extenso escrito de alegaciones al que tuvo acceso ABC, niega todas y cada una de las atribuciones.
«Mi representado no es el 'Jefe' de ninguna organización criminal, sino una persona con relevancia pública que viene operando en el sector del Espectáculo desde hace más de 50 años, siendo conocida y reconocida internacionalmente su labor en el ámbito de la producción audiovisual (al punto de que un empresario millonario, el Sr. Roemmers, le propuso asociarse por un periodo de diez años y en exclusividad, lo que suponía terminar con el Sr. Roemmers su carrera profesional)», dice uno de los escritos.
Conforme detalla, las sociedades vinculadas a Moreno «han percibido 2.896.413,59 euros, esto es, un 3% del total de los fondos que se dicen defraudados» y «no procedían de entidades bancarias, sino de sociedades por razón de negocios jurídicos documentalmente acreditados», un préstamo con Aguilera que fue devuelto; la transmisión de las participaciones de dos sociedades y en concepto de inversión en la serie de TVE «Aquí mando yo y punto com» que el ente público después cancelaría sin llegar a emitirla.
Incide así en que si de 85 millones de euros defraudados recibió tres, era ajeno al «supuesto plan concertado para defraudar». «No tendría ninguna lógica crear un grupo criminal para el lucro ajeno», afirma. Dice que en todo caso, desconocía «el origen último» de los fondos que le estaba proporcionando Aguilera, quien a diferencia del productor, sí tiene antecedentes penales y policiales. «Como consecuencia de las relaciones negociales con el Sr. Aguilera, mi mandante no sólo no ha obtenido lucro alguno sino que ha sufrido, muy al contrario, un importante perjuicio económico (además de reputacional, social, personal y familiar que está afectando seriamente a su salud)», añade.
«No conoce a ninguno de los investigados»
En este sentido, plantea al juez que Moreno «no conoce a prácticamente ninguno de los investigados» en el caso Titella «y a aquellos pocos que sí conoce lo fue por razón de habérselos presentado, precisamente, Aguilera», que era «un financiador más (...) sin que se haya cuestionado la licitud de los fondos recibidos de los restantes inversores y prestamistas» que iban apoyando sus proyectos y que «no guardan relación alguna con suspuestas actividades fradulentas con entidades bancarias».
En cuanto al posible alzamiento de bienes, también niega la mayor porque la deuda con Hacienda y la Seguridad Social asciende en la actualidad a 3,9 millones de euros en suma, el 50% de lo que adeudaba en el año 2017, y sólo el patrimonio inmobiliario que ha tasado por la Audiencia Nacional asciende a 9,2 millones de euros, por lo que podría saldar «la totalidad de las deudas cuyo cobro se dice que se pretendía frustrar, resultando además, un sobrante ».
«¿Tiene sentido ocultar patrimonio cuando el conocido triplica el importe de lo adeudado, y cuando durante esos mismos años se ha abonado casi 4.000.000 euros? Evidentemente, no», dice el letrado Francisco Calderón al juez en nombre de José Luis Moreno.
«Los gastos fueron autorizados por Fay»
Este razonamiento lo hace extensivo a la expareja del productor, Martin Czéhmester, al que también representan, porque se le imputa haber vendido un piso comprado en República Checa, su país de origen, con fondos de la trama cuando estaba ya investigando la Audiencia Nacional. El escrito destaca que aquella vivienda fue comprada con un préstamo precisamente porque ni él ni Moreno manejaban el nivel de fondos que apuntan los investigadores y que se ejecutó la garantía hipotecaria porque el Juzgado embargó las cuentas de ambos y no pudieron seguir afrontando los pagos.
En cuanto a Roemmers, Moreno viene afirmando que no ha habido estafa alguna. En este nuevo escrito de alegaciones destaca que el juzgado haya dado ya por esclarecido que la serie sí existía y no llegó a terminarse y se haya centrado en investigar los gastos en que se incurrió durante su producción. Recuerda al juzado que todos aquellos gastos «fueron autorizados por el señor Fay, administrador mancomunado de Dreamlight», o lo que es lo mismo, el hombre de Roemmers en la sociedad que fundaron a medias para llevar a cabo la serie.
«Han señalado ambos en sus respectivas declaraciones sumariales que no disponen de ni un solo dato objetivo que les permita afirmar que se han emitido facturas por servicios no prestados ni que se hayan distraído fondos de la sociedad», destaca, para apelar, de nuevo, a la razón: « Carece de toda lógica que, teniendo un contrato en exclusividad de 10 años de duración, la finalidad fuera defraudar al socio capitalista Sr. Roemmers y, además, que ello tuviera lugar en la primera de las producciones (...) Es simplemente, ridículo».
Añade que «la mera discrepancia del Sr. Roemmers con la mayor o menor calidad de la serie -discrepancia de quien, además, es lego y carece de todo conocimiento y experiencia en el sector audiovisual, y que se encuentra en abierta contradicción con las conclusiones de hasta tres peritos distintos, que precisamente resaltan su altísima calidad y valor-, o su discrepancia con la mayor o menor espiritualidad de la misma, carece de relevancia y significación jurídico penal».
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