Cataluña copa casi la mitad de las 14.675 okupaciones en 2020
ltimos cinco años
Si a usted le ocuparon su casa cualquier día del año pasado, sepa que en esa misma jornada al menos otros tres propietarios se enfrentaron a una pesadilla similar. Si además lo denunció formará parte de una de las 14.675 okupaciones contabilizadas en 2020 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación). Este fenómeno delictivo no ha dejado de crecer desde 2015, aunque la evolución ( un 2,7 por ciento más que en 2019 ) no fue tan alta como se esperaba, a tenor de la conflictividad social que generó.
Propietarios de viviendas desesperados, vecinos en pie de guerra soportando a quienes se instalan a su lado sin respetar ninguna norma, usurpadores de propiedades ajenas y allanamientos. Todo ello provocó una conflictividad vecinal inédita durante el verano pasado y una sensación de inseguridad, subjetiva o no, pero evidente. Los datos, a los que ha tenido acceso ABC, ponen cifras concretas a esas convivencias insostenibles. Se denunciaron en total 14.675 hechos.
Casi la mitad se produjeron en Cataluña, que ha mostrado la política más permisiva con esta delincuencia de impacto social. En concreto, 6.647, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. La segunda comunidad en la que hubo más okupaciones fue Andalucía, con 2.372 casos, seguida muy de lejos por Madrid, con 1.316 casos denunciados, la Comunidad Valenciana (1.297) y Canarias, con 623 inmuebles afectados.
Aumento del 2,1 por ciento
Estas cifras suponen que cada día cuatro viviendas fueron presa de los usurpadores, un drama para esos propietarios. La estadística oficial revela un aumento de solo el 2,1 por ciento de casos en el segundo semestre respecto a 2019, pero la visibilidad del problema durante los meses anteriores hizo que el Gobierno y la Fiscalía movieran ficha.
En septiembre pasado, el Ministerio del Interior aprobó un ‘Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles’, incluido en una instrucción dictada por el secretario de Estado de Seguridad con el fin de dotar de seguridad jurídica a los policías que actúan contra los okupas y criterios de cómo debían hacerlo.
Interior reconoció entonces que aunque las okupaciones no se habían incrementado de forma exponencial (habían crecido un 5,3 por ciento en los seis primeros meses), existía una percepción subjetiva de inseguridad y había que darle respuesta. A grandes rasgos, según este protocolo, los policías solo pueden desalojar sin esperar medidas judiciales en caso de delito flagrante, tanto en un allanamiento de morada como en una usurpación. Y aquí está la clave, pues no se trata de una cuestión temporal que era la idea extendida y falaz, sino de inmediatez de la acción, inmediatez personal y necesidad urgente de intervención policial, según el Tribunal Supremo. Si no se puede acreditar esa flagrancia delictiva, el desalojo tendrá que instarlo la Fiscalía, que también elaboró una instrucción propia, después de que el Ministerio Público de Baleares y la Comunidad Valenciana se adelantaran en busca de soluciones. En la primera comunidad se registraron 324 casos y 1.297 en la segunda, donde sí se ha vivido una tendencia claramente ascendente. En 2015, por ejemplo, hubo 782 denuncias.
La instrucción de Interior recoge todas las posibilidades delictivas o infracciones administrativas a las que se pueden enfrentar los agentes, pero también qué deben hacer las víctimas o perjudicados a la hora de denunciar. Por ejemplo, y esto supuso una novedad, hacer constar de forma expresa el perjuicio que le están causando y los problemas que acarrea para los vecinos. Por supuesto, tiene que poder acreditarse la propiedad del inmueble o habilitación para disfrutarlo y el uso que se hace de él o en caso de haberlo alquilado, justificarlo.
Madrid, a la baja
Los datos del año pasado reflejan que las okupaciones (en ambas modalidades) han seguido una curva ascendente desde 2015, cuando se registraron 10.376 casos, frente a los 14.675 de 2020 . Solo en 2016 disminuyeron, aunque la estadística no aclara cuáles pudieron ser los motivos. En ese lustro, en Cataluña se dispararon hasta casi duplicarse. No llegaban a 4.000 las denuncias y en 2020 se acercaron, como se ha dicho, a las 7.000, con Barcelona (Gobierno de Ada Colau y su política permisiva) copando las cifras: 4.793 viviendas okupadas. En Madrid, la tendencia fue la contraria. Si hace cinco años se constataron 1.630 okupaciones ilegales, en 2020 esa cifra cayó hasta las 1.316.
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