La Policía solo podrá echar a los okupas sin orden judicial si hay delito flagrante

Seguridad jurídica para los policías que actúen contra los okupas y criterios de cómo hacerlo. Esos son dos de los objetivos del Ministerio del Interior que, como avanzó, ayer el ministro Marlaska recoge el «Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles», incluido en una instrucción dictada hoy por el secretario de Estado de Seguridad.

Interior reconoce que aunque las okupaciones no se han incrementado de forma exponencial (un 5,3 han crecido este año), existe una percepción subjetiva de inseguridad y hay que darle la respuesta . A grandes rasgos, según este protocolo, los policías solo podrán desalojar sin esperar medidas judiciales en caso de delito flagrante, tanto en un allanamiento de morada como en una usurpación. Y aquí está la clave una vez más, pues no se trata de una cuestión temporal: inmediatez de la acción, inmediatez personal y necesidad urgente de intervención policial, según el Tribunal Supremo. Si no se puede acreditar esa flagrancia el desalojo tendrá que instarlo la Fiscalía.

El protocolo para los cuerpos policiales recoge cómo hacer un atestado: qué elementos incluir, qué declaraciones, qué medios de prueba, qué testimonios… Interior se propone también radiografiar el fenómeno, a través de un mapeo por toda España donde se vean cuáles son los puntos calientes y quiere además frenar a las mafias de la okupación, aquellos que han hecho de este delito su modo de vida. Se establece así un refuerzo contra la criminalidad organizada y los delitos conexos que acarrea: defraudación de fluido eléctrico o de agua, coacciones, amenazas, etc.

En Interior están convencidos de que para atajar la okupación es imprescindible la prevención para lo cual se ha dispuesto que la aplicación para móviles ALERTCOPS sume este mes una funcionalidad específica para que afectados , propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan poner de forma inmediata los hechos en conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollarán asimismo actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas , para lo que aprovecharán los canales de contacto e información al ciudadano de sus páginas web oficiales, redes sociales y la propia aplicación ALERTCOPS, que recogerá recomendaciones y mensajes preventivos e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos. En esa prevención, se cuenta también con establecer una comunicación directa y fluida con Fiscalía, Jueces, Policía Local y Juntas de Seguridad.

La instrucción del departamento de Marlaska recoge los problemas sociales de convivencia con los vecinos de los inmuebles afectados, las otras víctimas, por lo que la actuación policial debe ir encaminada a la prevención y persecución de estas conductas. Y no se deja de lado la vulnerabilidad que pueden esconder algunos casos. Si eso se produce, señalan «y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las FCSE ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales con competencias». Esta precaución será especial si hay menores, discapacitados o personas en caso de extrema necesidad.