Menos denuncias de mujeres maltratadas y desconfianza en la Justicia por el confinamiento

La Fiscalía afea la «escasa» y «lenta» reacción judicial ante los quebrantamientos de las medidas de protección

Manifestación contra la violencia machista en Córdoba VALERIO MERINO

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Cuarenta y siete mujeres fueron asesinadas por su pareja o ex pareja el año pasado, un importante descenso en relación al año anterior en el que hubo un repunte: 59 víctimas mortales. La violencia física denunciada o aflorada disminuyó, según recoge la Memoria de la Fiscalía 2020, pero no la psicológica y la cometida digitalmente que, en este periodo, sufrió «un notable incremento como en otros tipos delictivos».

Los fiscales lo tienen claro. Menos asesinatos no significa que la violencia que se ejerce sobre las mujeres por sus parejas o ex parejas haya disminuido, «solo ha cambiado», las circunstancias han favorecido otros tipos más invisibles, fundamentalmente la psicológica y de control haciendo innecesaria la violencia física. La imposibilidad de salir del domicilio donde se produce el maltrato ha servido a los agresores para perpetuar la dominación en la que basan su relación agresiva y para las víctimas ha supuesto una mayor vulnerabilidad, en cuanto el hogar donde estaban obligadas a permanecer no era un refugio sino un lugar peligroso.

De las 47 víctimas mortales , sólo 7 habían denunciado previamente, lo que supone un descenso en el porcentaje de denuncias frente al año anterior, que se sitúa por debajo del 15 %, cuando antes se rondaba el 25 %. El confinamiento provocó el aumento de la cifra negra existente en esta delincuencia y la «desconfianza hacia el sistema judicial». La Fiscalía insta a perseverar en las campañas de concienciación especialmente a través de las redes sociales. La denuncia, dicen, no es la única vía para salir de la violencia, pero sin ella es muy difícil proteger adecuadamente a la víctima.

Respecto a la nacionalidad de las víctimas, 29 son españolas y 18 extranjeras, es decir, un 38,29 % de las víctimas mortales habían nacido en el extranjero, porcentaje muy similar al registrado el año anterior. Seis de las mujeres asesinadas tenían menos de 30 años, 24 tenían entre 30-50 años, franja de edad donde se concentran la mitad de las víctimas, 10 entre 51-70 años, y 7 habían superado los 70 años, observándose un incremento de las víctimas mayores respecto del año anterior en que sólo 4 víctimas mortales superaban los 70 años.

La brutalidad en los medios empleados, principalmente arma blanca, o en la forma de dar muerte a la víctima, sigue caracterizando a los agresores de mujeres. Hay además otros casos en investigación que no están en esa lista negra por falta de indicios aún o por no haberse acreditado la situación de parentesco o relación de afectividad que mantenían.

Se han producido otros 46 ataques muy graves, muchas veces con medios peligrosos, que pusieron en riesgo grave la vida o la integridad de ella, de su familia o de sus hijos menores. En estos casos, había más denuncias previas, un porcentaje del 41,35 %. Esta diferencia entre las mujeres que denuncian y son asesinadas y las que lo hacen y salvan la vida se lleva detectando varios años «sin que resulte fácil encontrar una explicación plausible a este contraste», admiten los fiscales.

Prisión para los incumplimientos

El análisis de casos lleva a una conclusión demoledora: «la escasa y lenta reacción judicial ante los supuestos de quebrantamiento de las medidas de protección de la víctima», a veces sin su oposición, que requiere reforzar la concienciación de todos los intervinientes sobre la importancia del incumplimiento como indicador del incremento del riesgo y la exigencia de adoptar medidas más drásticas de protección, incluso la prisión.

La memoria se detiene en las otras víctimas: los hijos menores huérfanos al haber sido asesinadas sus madres a manos de sus parejas, en hogares que se rompen y quedan marcados por esa trágica vivencia. El número de menores huérfanos ascendió a 28. «También los hijos menores de mujeres maltratadas, que sufren y conviven con esa vio-lencia, deben ser objeto de atención, protección y asistencia».

El daño que el agresor causa a la mujer atentando contra su integridad física, psicológica o moral, en muchas ocasiones no se limita a ellas, recuerdan, sino que, como se viene comprobando a lo largo de los años, se extiende a las personas más cercanas y vulnerables, los hijos propios o comunes, otras personas próximas al entorno familiar, atentando contra su vida e infligiendo a la mujer un daño irreparable.

En 2020 hubo 13 víctimas colaterales, muertas o heridas, y tres niños asesinados por su padre. Sólo en un caso había existido denuncia previa por amenazas de muerte a ella y a sus hijos en abril 2019, incoándose procedimiento y acordándose orden de protección y visitas supervisadas, que quedaron sin efecto tras dictarse sentencia absolutoria.

El punto clave en la protección de la víctima , resalta la Fiscalía, está en la acertada valoración del riesgo, o, dicho de otro modo, poder prever la conducta futura del agresor, siendo para ello imprescindible, que el juzgado tenga además del informe policial de riesgo otro de la Unidad de Valoración Forense Integral, que debe estar apoyando en cada juzgado de guardia. La escasez de equipos de los que no disponen todos los juzgados impide que puedan emitirse estos informes tan valiosos. Los fiscales recuerdan que el Pacto de Estado contra la violencia de género asumió el compromiso de constituirlas en un plazo de 2 años, que no ha sido cumplido

A pesar de la reducción de las denuncias, señalan, es evidente que la obligada convivencia las 24 horas del día con el agresor ha sido «una durísima prueba para las mujeres que, además, ha multiplicado las dificultades para formular denuncia«. Todo ello hace que la mujer se sienta más insegura y no vea como opción viable la denuncia en ese momento y prefiera disminuir su respuesta hacia el agresor no enfrentándose.

El confinamiento no es la situación adecuada para que la mujer tome la «difícil decisión» de denunciar -se tarda unos ocho años de media-. No obstante, la esperada avalancha de denuncias tras el fin del confinamiento, que se presentía como un momento especialmente sensible, no se ha producido.

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