El Gobierno anuncia una investigación sobre el acoso en Canet pero dice que no sabe «exactamente» qué está pasando

Bolaños, Marlaska y Llop trasladan su apoyo a la familia y piden no utilizar la lengua como elemento de confrontación

Qué se sabe sobre el acoso a la familia de Canet de Mar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska EP / Vídeo: El acoso a la familia del menor catalán, a investigación según Marlaska - EUROPA PRESS
Víctor Ruiz de Almirón

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El pasado martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez , aseguraba desconocer los detalles del caso de acoso en Canet de Mar a una familia señalada tras conseguir que su hijo pudiera recibir un 25% de las clases en castellano. Aceptar un marco que apunte a la existencia de un conflicto lingüístico en Cataluña es algo que al Gobierno no le interesa en absoluto. Rodríguez dijo reprobar «cualquier acción de acoso» contra la familia y el niño. Pero a la vez admitió desconocer los detalles del caso.

Tras un primer intento por pasar de puntillas por este caso hoy el Gobierno se ha visto obligado a endurecer su discurso. Siempre a instancias de las preguntas de los medios de comunicación. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , advertía de que cualquier tipo de amenaza es «grave para la convivencia» y anticipó que habría una investigación sobre el caso. «Serán investigadas en su caso y tengamos confianza tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial», ha declarado Marlaska a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros europeos de Interior.

Marlaska ha insistido en la importancia de «garantizar la convivencia» y la «seguridad de los ciudadanos». Algo que está viendo violentada esta familia, que empezó a ser señalada a raíz de conseguir que el niño pudiera recibir en castellano un mínimo del 25% de horario lectivo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a los centros catalanes a ofrecer al menos ese porcentaje de enseñanza en español.

También se ha pronunciado al respecto el número dos del Gobierno, que es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños . «Cualquier acto de acoso y amenaza me parece lamentable y lo condeno, por supuesto que lo condeno. Tenemos que expresarnos con libertad y nadie puede tener una actitud beligerante». Bolaños se ha referido a esta cuestión como «hechos lamentables que no puedo compartir de ninguna manera».

«Tenemos distintas lenguas y nos dan riqueza, no tenemos que hacer enfrentamiento entre lenguas, sino fomentar el distinto uso de las lenguas. No creo que haya que utilizar lenguas para enfrentarnos, sino para entendernos, para que podamos dialogar y convivir. Creo que eso tenemos que preservarlo y no hacer de las lenguas un elemento de confrontación», ha dicho Bolaños durante una entrevista en televisión.

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop , ha señalado que el Gobierno analizará los expedientes para «ver qué ha pasado» con el acoso denunciado por la familia, pero ha insistido en la idea de que el Gobierno no tiene todos los detalles de qué es lo que está sucediendo. «No tenemos conocimiento exactamente. Hay que ver los expedientes y ver qué ha pasado primero, pero desde luego todo nuestro apoyo a la familia», ha respondido la titular de Justicia en declaraciones a los medios en el Senado.

Por su parte, Ciudadanos (Cs) registró este jueves a primera hora una queja al Defensor del Pueblo en el que reclama que se inste a Cataluña a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a tener como mínimo un 25 por ciento de los contenidos lectivos en castellano en los centros educativos catalanes.

«Nos encontramos aquí ante una clara inacción tanto de la Generalitat de Cataluña como, sobre todo lo más indignante, del Gobierno de España que tendría que estar protegiendo el derecho de los ciudadanos a la educación también en castellano», ha defendido el portavoz de Cs, Edmundo Bal , en declaraciones recogidas por Ep. «[El Gobierno] tendría que estar velando por el cumplimiento de las sentencias de acuerdo con el principio de separación de poderes y los principios más esenciales del Estado de Derechos y del imperio de la ley en cualquier sociedad democrática avanzada», ha añadido.

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