La llamada del comisario de Justicia a Laya, el detonante para aparcar la reforma del CGPJ

Todo apunta a que en la improvisada oferta de Pedro Sánchez a Pablo Casado para retomar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tuvo mucho que ver la llamada en la que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, trasmitió a la ministra de Asunto Exteriores, Arancha González Laya , la inquietud de Bruselas ante la propuesta de reforma que registraron en el Congreso PSOE y Unidas Podemos.

Es cierto que era una advertencia más que se sumaba a la polvareda que esta iniciativa ha provocado dentro y fuera de España, pero se producía apenas unas horas después de que trascendiera el contenido de una carta que el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) había enviado al Ministerio de Justicia advirtiendo de que esa proposición de ley no cumplía los estándares exigidos para poder hablar de una verdadera separación de poderes.

En el nuevo movimiento de Bruselas, que ya había advertido días atrás que sigue «muy de cerca» esta reforma, Reynders insistió ante González Laya en que los estados miembros tienen que garantizar que se cumple la separación de poderes , algo que Europa considera que está en juego al rebajar la mayoría cualificada en la elección de los vocales judiciales del CGPJ.

Como viene informando ABC, la proposición de ley registrada en el Congreso no es santo de la devoción de todos los miembros del Ejecutivo, pero aún así Justicia defenderá esta reforma ante Europa planteándola como la única solución posible a una situación de bloqueo de la que hasta ayer se culpaba al PP y de la que se le seguirá culpando si Casado no recoge el guante que le lanzó el presidente del Gobierno. Por si esto sucede, Sánchez no retiró la reforma (haberlo hecho habría implicado reconocer el fracaso), sino que la aparcó a la espera de los acontecimientos.

Sin embargo, es una opinión generalizada en el mundo judicial que el Ejecutivo no se atreverá a recortar esa mayoría reforzada de tres quintos que el Tribunal Constitucional consideró un contrapeso fundamental para avalar la intervención parlamentaria en la elección de los vocales de procedencia judicial. Solo en el primer CGPJ de 1980, los doce vocales jueces fueron elegidos por sus propios compañeros, una reivindicación histórica de las asociaciones de jueces que Pablo Casado ha acogido en la «contrarreforma» que presentó esta misma semana.

Justicia no va a eludir las explicaciones. Se las ha pedido el Greco y en el Ministerio están trabajando ya en esa respuesta en la que, según fuentes próximas a este departamento, se aclararán las «imprecisiones» que apuntan a la politización del sistema de elección español y recordarán que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. En el Ejecutivo consideran que lo deseable sería mantener esa mayoría cualificada de tres quintos pero quieren hacer saber a Europa que si se ha optado por esta reforma que rebaja esa mayoría cualificada a absoluta en segunda vuelta es por la negativa del PP a cumplir un mandato constitucional: la renovación de las instituciones a tiempo.