Justicia y CGPJ acuerdan prorrogar otros cuatro meses un centenar de refuerzos en juzgados y tribunales

El 30 de junio vencían las medidas con las que se trata de afrontar la sobrecarga de asuntos agravada por la pandemia

El preidente del CGPJ y del Supremo Carlos Lesmes

Nati Villanueva

El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han acordado la prórroga por cuatro meses, hasta el próximo 31 de octubre, de un centenar de planes de refuerzo de Juzgados y Tribunales que vencían el próximo 30 de junio.

El acuerdo se adoptó en una reunión extraordinaria mantenida ayer en la sede del órgano de gobierno de los jueces a instancias del Consejo. En ese encuentro, en el que participaron los vocales Rafael Mozo, Juan Martínez Moya y José Antonio Ballestero y la jefa del Servicio de Inspección, Amparo Camazón, se expuso que la inmensa mayoría de los planes de refuerzo, que cuentan con el informe técnico favorable de la Inspección, tienen carácter estructural.

Ante la inminencia de la fecha de vencimiento -el próximo 30 de junio- de esas medidas y con la finalidad de evitar que queden sin efecto planes de refuerzo que vienen funcionando satisfactoriamente desde haces meses, el CGPJ propuso al Ministerio la prórroga hasta el 31 de octubre de 2022 de los actualmente vigentes -con la excepción de algunas medidas de auto refuerzo- y aplazar la entrada en vigor de planes nuevos.

Fuentes del Consejo informaron de que el órgano valorará en los próximos meses qué planes de refuerzo deben seguir vigentes más allá del 31 de octubre. De acordarse su continuidad, el Ministerio de Justicia señaló que sería con cargo al presupuesto de 2023. En cuanto a las medidas denegadas a fecha de hoy, el Consejo planteará la reconsideración de las que se estimen prioritarias.

La delegación del Ministerio de Justicia que participó en la reunión estuvo encabezada por el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; acompañado por el secretario general para Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general para el Servicio Público de Justicia, María del Àngels García Vidal; y la asesora del Ministerio para asuntos de Discapacidad, Pilar Rasillo.

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