Justicia cede a Sanidad un millar de forenses y técnicos para detección de COVID-19

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este viernes la puesta a disposición del Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas de 756 médicos forenses que operan en todo el territorio nacional -« todos menos los que cubren servicios esenciales «-, 180 facultativos, 84 técnicos especialistas en laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio adscritos al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, »que pueden ayudar« en los análisis que permiten la detección del coronavirus.

En rueda de prensa, ha explicado esta como una de las dos principales medidas acordadas en la primera reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia , que sienta en la misma mesa a representantes de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas y la Fiscalía General del Estado.

Además de esa puesta a disposición de personal experto en técnicas forenses, fundamentalmente profesionales especializados en las pruebas PCR que se utilizan para detectar el virus, la comisión ha acordado la elaboración de una normativa común « de seguridad laboral para funcionarios de Justicia« que se prevé vea la luz «este mismo domingo» después de que las partes envíen sus aportaciones a lo largo del sábado.

Precisamente, preguntado por las denuncias de las asociaciones de jueces, que amagan con cerrar los juzgados si no se les provee de material básico de protección frente al coronavirus; y de los abogados del turno de oficio, que se ven igualmente expuestos, ha asegurado que «se están entregando (esos materiales) y se van a potenciar en los próximos días todas las medidas de protección para que puedan realizar su tarea de una manera más tranquila y más segura«.

« No se va a cerrar ningún juzgado. Existe una actuación concreta y coordinada sobre este particular. Aquellos juzgados donde se han detectado casos se produce el desalojo inmediato para desinfectarlo y reanudar los servicios esenciales«, ha apuntado.

En su opinión, es «lógico y humano» que las asociaciones de jueces eleven sus críticas. «Todos tenemos sensación de peligro» , ha apostillado.

Con todo, incide en que se trabaja «bajo el prisma de las autoridades sanitarias y es la observancia de sus indicaciones la que regula los servicios esenciales «. En el caso particular de los abogados, ha añadido que se trabaja en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios profesionales de procuradores para »poder abordarlo desde esta óptica«.