Lesmes avisa a los jueces de que no pueden abandonar sus puestos
Recuerda que el poder judicial es uno en toda España y que su servicio «no puede ser suspendido
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Tras el ultimátum que varias asociaciones de jueces dieron ayer al Consejo General del Poder Judicial, en el sentido de interrumpir incluso los servicios mínimos si no se les da protección frente al coronavirus, el órgano de gobierno de los jueces les recuerda que su servicio «no puede ser suspendido ni gravemente limitado». El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha exigido así a las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia, «y a todos sus servidores públicos», que se «abstengan de adoptar medidas que, directa o indirectamente, impidan o dificulten el cumplimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia».
En un comunicado hecho público tras la reunión de la Comisión Permanente, el CGPJ asegura que ha tenido conocimiento de algunas iniciativas de comunidades autónomascompetencias transferidas de prestar asistencia judicial de forma no presencial. «Semejantes iniciativas impedirían, en la práctica, la prestación de los servicios esenciales de la Administración de Justicia» acordados por el Consejo la semana pasada, como también lo harían los jueces que condicionan la prestación de los servicios esenciales a la obtención previa de medios de protección individual y colectiva «pese a la notoria limitación de recursos disponibles y a la existencia de otras prioridades como es la exigida por el servicio sanitario».
Tras poner como ejemplo de entrega la labor de los sanitarios, fuerzas de seguridad o trabajadores de sectores de primera necesidad como el de la alimentación, pide a los jueces que estén a la altura, porque su actuación no solo es expresión de uno de los Poderes del Estado, sino « el garante último de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, muy especialmente en la actual del estado de alarma». Pide, «ahora más que nunca», un ejercicio de responsabilidad.
Los vocales sostienen en el comunicado que entre las «medidas extremas» decretadas en el estado de alarma «no se contempla en modo alguno el abandono de los servicios públicos y menos aún el propio de la Administración de Justicia, al que se hace específica referencia en relación con determinados servicios esenciales».
Recuerdan que los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno de los jueces estos días pasados establecen que los juzgados y tribunales « permanecerán abiertos y prestarán los servicios que los propios acuerdos definen como esenciales , salvo allí donde las autoridades sanitarias competentes dispongan el cierre de las instalaciones y por el tiempo indispensable en que ese cierre se mantenga».
Órgano institucional
La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas con competencia sobre medios personales y materiales de la Administración de Justicia tienen encomendada una importante e imprescindible función prestacional, de auxilio o colaboración consistente en facilitar los medios para que el Poder Judicial cumpla la tarea que tiene constitucionalmente asignada. En el cumplimiento de esa función, «la Administración prestacional no puede, ni de manera directa ni indirecta, impedir o desactivar los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constitución Española para asegurar la prestación del servicio que dicho poder tiene encomendado», concluye.
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